– El diputado Álvaro Jofré, firmante de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo que el libelo se fundamenta en presuntas infracciones a normas legales y constitucionales vinculadas a la administración financiera del Estado y al deber de probidad en el ejercicio de la función pública.
El parlamentario enfatizó que la acusación “no constituye un juicio a la gestión económica del Gobierno ni se basa en calificativos subjetivos respecto de las cifras fiscales, sino en la eventual vulneración de disposiciones expresas de la Ley de Administración Financiera del Estado y del artículo 8° de la Constitución”.
Jofré explicó que entre los antecedentes considerados se encuentran inconsistencias detectadas en los Informes de Finanzas Públicas, especialmente en la coordinación entre las proyecciones de balance fiscal, deuda pública y compromisos efectivos de gasto del Estado.
“Lo que estamos planteando es que existen antecedentes que podrían configurar incumplimientos a los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto Ley N° 1.263, normas que exigen coordinación, unidad y consistencia en la gestión financiera del Estado. Asimismo, estimamos que corresponde determinar si se cumplió adecuadamente con los estándares de transparencia y probidad que exige nuestra Constitución”, señaló.
El legislador agregó que la acusación apunta a esclarecer si las proyecciones fiscales oficiales incorporaron de manera correcta y completa las obligaciones financieras vigentes, así como las fuentes de financiamiento necesarias para respaldarlas.
“En un Estado de Derecho, las autoridades tienen el deber de sujetar su actuación a la Constitución y las leyes. La acusación constitucional es precisamente el mecanismo institucional que permite revisar si ese deber fue cumplido o no. Será la Cámara de Diputadas y Diputados la que determine si existen méritos para acusar, y posteriormente el Senado quien deberá pronunciarse sobre la eventual responsabilidad política del ex ministro”, afirmó.
Finalmente, Jofré recalcó que la presentación busca resguardar la transparencia fiscal y fortalecer la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar los recursos del Estado.
“Lo que está en juego es el respeto a las normas que regulan la gestión financiera pública y la obligación de entregar información fiscal consistente y transparente al Congreso y a la ciudadanía. Ese es el fondo de esta acusación constitucional”, concluyó.
