En las oficinas de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI S.A.), durante meses, una idea rondaba los pasillos del directorio: la posibilidad de extender la concesión del sistema franco de manera casi automática, una suerte de continuidad unilateral que asegurara el control del recinto por décadas más. Sin embargo, el 14 de abril de 2026, un documento timbrado por la Contraloría General de la República (CGR) llegó para recordarles una regla básica del derecho y la democracia: en un contrato de dos, nadie decide por sí solo.
El portazo legal
El dictamen de la CGR es tajante y actúa como un balde de agua fría para las pretensiones de la actual mesa directiva. Al responder a las consultas de la exsenadora Luz Ebensperger y otras autoridades y parlamentarios, el ente fiscalizador dejó claro que la prórroga de la concesión no es un derecho adquirido, sino un acuerdo de voluntades.
Para que la ZOFRI siga siendo administrada por la actual sociedad anónima después de que expire el contrato vigente, el Estado de Chile debe sentarse a la mesa y decir «sí». Y no solo eso: el Estado tiene la libertad absoluta de decir «no».
«No existe prohibición o limitación alguna para que, al término del plazo originalmente pactado, el Estado decida no renovar o prorrogar dicha concesión», reza el documento que hoy circula de mano en mano entre los empresarios de Iquique.
Crónica de una advertencia anunciada
La resolución no es una sorpresa para todos. Voces como la de Patricio Sesnich Stewart, exPresidente del Directorio (2014-2016), ya lo había advertido en columnas de opinión que hoy se leen con el peso de la profecía cumplida. Sesnich sostenía que la transparencia y el mutuo acuerdo eran la única vía legal, una tesis que el Directorio actual pareció ignorar en su intento de forzar una prórroga unilateral.
Ahora, el panorama cambia. El dictamen establece que, si hay intención de renovar, las condiciones pueden (y quizás deben) ser modificadas. Esto abre la puerta a nuevas exigencias para la empresa: ¿Más inversión en la ciudad? ¿Mejores condiciones para los usuarios? ¿Un mayor aporte al desarrollo regional?
El fantasma de la licitación pública
Lo más inquietante para los actuales administradores es el párrafo final del dictamen. Contraloría no solo exige un «acuerdo de voluntades», sino que le recuerda al Ejecutivo que tiene un as bajo la manga: la licitación pública.
Si el Estado considera que las condiciones de ZOFRI S.A. no son las mejores para el país, puede simplemente abrir el proceso para que nuevos actores compitan por administrar el gigante del norte.
Un tablero que se reinicia
Con este dictamen, la pelota vuelve al centro de la cancha. Cualquier acuerdo de prórroga deberá pasar por el riguroso trámite de toma de razón, lo que significa que cada coma y cada peso del nuevo contrato será revisado bajo lupa.
En Iquique, mientras tanto, los galpones siguen su ritmo frenético de carga y descarga, pero en las altas esferas, el mensaje ha quedado claro: el destino de la plataforma comercial más importante de Chile no se decidirá entre cuatro paredes, sino bajo el estricto cumplimiento del marco legal que rige a todos, especialmente a los usuarios empresarios que son el nervio motor del sistema.
A continuación el dictamen de la Contraloría General de la República:
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