- (Consignado por EX ANTE).- Detrás de la decisión del Segundo Tribunal Ambiental de anular la calificación ambiental del proyecto de US$ 3.200 millones hay un nombre: Lorenzo Soto Oyarzún. El abogado es conocido por liderar grandes litigios contra megaproyectos mineros y negociar para obtener grandes acuerdos ecónomicos en representación de comunidades indígenas. El proyecto había sido aprobado en 2021 y 2024, tras superar varios escollos.
Qué observar. El viernes, el Segundo Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto del proyecto minero llamado “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi, que contempla una inversión estimada de US$ 3.200 millones.
- La iniciativa había sido aprobada ambientalmente en 2021. Pero, desde 2023 se presentaron los primeros requerimientos para invalidarla, cuando comunidades indígenas cuestionaron la forma en que se evaluaron los impactos sociales y ambientales del proyecto, especialmente en el borde costero y en sectores vinculados a actividades tradicionales.
- En 2023, el Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric rechazó esas reclamaciones y mantuvo vigente la RCA. El conflicto, entonces, escaló al Segundo Tribunal Ambiental.
- Fuentes de la industria dicen que la empresa ya ha ejecutado cerca del 90% de las obras, las cuales contemplan la construcción de una desaladora y un sistema de impulsión de agua. Estas se encuentran terminadas.
- El objetivo de la iniciativa es extender por 20 años la continuidad operacional de Collahuasi —propiedad de Anglo American (44%), Glencore (44%), y Japan Collahuasi B.V (12%)—.
- El hecho se da en medio del impulso del Ejecutivo a la ley miscelánea que -entre otras cosas- busca destrabar la denominada “permisología”.
“Retrotraer a evaluación ambiental”. La sentencia ocurre luego de que el tribunal -integrada por los ministros Marcela Godoy Flores, Cristián López Montecinos y Cristián Delpiano Lira- acogiera una reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta Chanavaya y Aymara de Caleta Chanavaya.
- “Se deja sin efecto resolución reclamada y la RCA del proyecto, debiendo retrotraerse la evaluación ambiental del proyecto hasta antes de la dictación del Informe Consolidado de Evaluación (‘ICE’), con el objeto que se elabore un nuevo ICSARA”, se lee en el dictamen.
- Tras conocerse el dictamen, Collahuasi informó que se encuentra evaluando las acciones legales a seguir.
Quién es. El abogado patrocinante de las comunidades que le dieron el revés Collahuasi es Lorenzo Soto Oyarzún, quien se tituló como abogado de la Universidad de Chile en 1999 y es doctor en derecho ambiental por la Universidad de Alicante, España.
- Su trayectoria profesional ha estado marcada por la asesoría a diferentes comunidades, especialmente indígenas, que tienen relación con proyectos de gran envergadura.
- Se ha caracterizado por generar grandes litigios en contra de dichos proyectos, buscando grandes acuerdos económicos, ha sido acusado públicamente por llevar esas negociaciones sin considerar a sus representados.
- En 2015, el Ministerio Público abrió una investigación criminal por los delitos de fraude y prevaricación en contra de los abogados Lorenzo Soto y Alex Quevedo Langenegger, según consignó La Tercera.
- Esto luego de que integrantes de la comunidad indígena Diaguita Placeta denunciaran a los abogados por incurrir en una serie de supuestos actos delictivos a fin de alcanzar un acuerdo con los titulares del Proyecto Pascua Lama en Chile, la Compañía Minera Nevada, de la empresa canadiense Barrick Gold.
- En este caso, los abogados cobraban el 30% de cualquier compensación o indemnización entregada por la compañía norteamericana a las comunidades indígenas.
- Se le ha calificado como “un profesional que presiona fuerte a las empresas, para luego sentarse a negociar”. En el sector privado se comenta que Soto organiza a las comunidades para exigir suculentas compensaciones a cambio de no obstruir a los proyectos.
- En paralelo a sus litigios medioambientales, el abogado fue asesor del exsenador Guido Girardi.
- La arremetida contra el proyecto de Collahuasi también la impulsó junto a Alex Quevedo. Según fuentes consultadas, Quevedo es el “histórico socio” de Soto.
Proyectos paralizados. Al hablar de judicialización el nombre de Soto aparece. Cuando llevaba poco tiempo ejerciendo como abogado, se empezó a hacer conocido en la industria minera y energética luego de asesorar a las hermanas Quintreman, quienes obtuvieron varios millones de dólares de compensación de Endesa por la Central Hidroeléctrica Ralco.
- Entre 2013 y 2014, luego de litigar en favor de las comunidades diaguitas en la provincia de Huasco por el proyecto minero Pascua Lama, donde consiguió la suspensión de las faenas, también Soto logró que la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenara la paralización de la iniciativa El Morro, impulsado en la región de Atacama por firmas canadienses.
- En los últimos años ha patrocinado una arremetida legal contra la aprobación ambiental del proyecto que busca la continuidad operacional de la Minera Candelaria, en la región de Atacama.
- En este caso, Soto busca declarar inadmisible la decisión del Comité de Ministros en diciembre de 2024, cuando le dieron luz verde al proyecto y desestimaron las reclamaciones de la comunidad indígena Colla Wayra Mata Tujsi -representadas por Soto-.
- En los últimos años también se han representado a comunidades opositoras al proyecto que contempla optimizaciones operativas de la Minera Cerro Colorado, filial de BHP.
