La Corte de Apelaciones de Iquique ordenó al Fisco pagar una indemnización de $35 millones por concepto de daño moral a María Ribera, una mujer que permaneció privada de libertad de manera preventiva luego de que una prueba de campo preliminar diera un «falso positivo» de cocaína en tres potes de queratina que había comprado en Bolivia.
Todo comenzó en el control fronterizo. Un test químico rápido arrojó sospechas sobre el producto capilar, activando de inmediato la maquinaria del sistema penal. Sin un análisis definitivo de laboratorio que respaldara con certeza la presencia de sustancias ilícitas, María fue formalizada por tráfico de drogas y enviada a prisión preventiva.
Pasaron las semanas, y luego los meses. Doscientos diez días acumulados en una celda mientras los peritajes avanzados avanzaban a paso lento. Cuando finalmente se completaron los exámenes químicos de rigor, la verdad salió a la luz: los potes de queratina no contenían droga alguna. La imputación carecía de todo sustento fáctico y jurídico.
Tras recuperar su libertad y ser absuelta de los cargos, la afectada interpuso una demanda por responsabilidad extracontractual contra el Estado.
COMPENSACIÓN
El Primer Juzgado de Letras de Iquique resolvió inicialmente a favor de Ribera, reconociendo el perjuicio ocasionado por el actuar estatal. Sin embargo, la batalla legal concluyó en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique, donde los ministros, en un fallo unánime, determinaron que el monto fijado en primera instancia era insuficiente para la gravedad de los hechos.
En su resolución, el tribunal de alzada respaldó las consideraciones del juzgado de origen, pero fue enfático al justificar el incremento de la cifra:
«La Corte comparte el criterio de la sentenciadora […] pero, justamente por lo señalado, corresponde aumentar la indemnización por daño moral atendiendo a la relevancia y consecuencia que para cualquier persona significa una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico».
Con este pronunciamiento, el tribunal fijó la suma final en $35 millones, dejando acreditado el profundo impacto emocional, psicológico y social provocado por una prisión preventiva que nunca debió ocurrir.
