La aprobación del proyecto de ley Escuelas Protegidas es una buena noticia para Chile y para las comunidades educativas de todo el país. Su despacho a ley responde a una necesidad urgente y entrega nuevas herramientas para resguardar la convivencia escolar, fortaleciendo el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones.
Las escuelas y liceos deben ser espacios de aprendizaje, desarrollo y encuentro. Para cumplir adecuadamente esa misión, es fundamental que cuenten con mecanismos que permitan actuar frente a situaciones que alteren el normal funcionamiento de la comunidad educativa. Y ese es precisamente el aporte de esta nueva normativa.
Los docentes y asistentes de la educación serán especialmente beneficiados con este avance, ya que la ley fortalece su labor, entrega mayores atribuciones a los establecimientos y otorga más respaldo para enfrentar situaciones complejas que puedan afectar la convivencia escolar. Se trata de una señal concreta de apoyo a quienes, con vocación y compromiso, desempeñan una tarea esencial para el desarrollo de los niños y jóvenes del país.
La urgencia de avanzar en esta materia quedó reflejada en diversos hechos ocurridos durante los últimos años en distintas regiones de Chile. El caso más doloroso fue el lamentable homicidio de una funcionaria de la educación en Calama, un hecho que conmocionó al país y que evidenció la necesidad de adoptar medidas que permitan fortalecer la protección de las comunidades educativas.
Por eso, esta ley representa un paso importante en esa dirección, entregando más herramientas para prevenir conflictos, resguardando a estudiantes y trabajadores de la educación, y generando mejores condiciones para el desarrollo de los procesos formativos.
En los últimos días, en Tarapacá hemos iniciado un proceso de diálogo con distintos establecimientos educacionales para profundizar en los alcances de esta nueva normativa, recoger inquietudes y contribuir a despejar dudas respecto de su aplicación. Queremos que las comunidades educativas conozcan las herramientas que incorpora esta ley y puedan implementarlas con claridad y confianza.
Además, conocemos con claridad que la educación también enfrenta desafíos que requieren una mirada de mediano y largo plazo. La convivencia escolar, la salud mental, la recuperación de aprendizajes y el fortalecimiento de los vínculos entre las familias y los establecimientos seguirán siendo materias fundamentales para el futuro de nuestro sistema educativo.
Hoy damos un paso concreto para fortalecer nuestras escuelas, protegiendo a estudiantes, a docentes y, en definitiva, los espacios para la educación.
*Yuseff Hilaja Rumie, Secretario Regional Ministerial de Gobierno en Tarapacá
