El Gobierno Regional de Arica y Parinacota obtuvo un 88,7% de cumplimiento en la fiscalización de transparencia activa 2026 del Consejo para la Transparencia (CPLT), lo que representa un aumento de 34,8 puntos porcentuales frente al 53,9% alcanzado en 2025.
Pese al avance, el organismo se ubicó en el lugar 14 entre los 16 gobiernos regionales y quedó por debajo del promedio nacional, que llegó a 92,27%.
La revisión detectó incumplimientos en siete materias. Entre ellas, información desactualizada sobre contrataciones de bienes y servicios realizadas fuera del sistema de compras públicas, órdenes de compra, contratos de bienes inmuebles y nóminas de beneficiarios.
También se encontraron enlaces que no funcionaban correctamente para acceder a antecedentes publicados en el Diario Oficial, contrataciones a honorarios y auditorías al presupuesto.
Adicionalmente, el CPLT también revisó el cumplimiento de tres obligaciones de transparencia presupuestaria exigidas por mandato de la Ley de Presupuestos 2026. Al respecto, se evidenció que el GORE no publicó los antecedentes sobre entidades privadas que recibieron transferencias superiores a 2.000 UTM, ni los informes sobre ejecución de los recursos provenientes del royalty minero. Asimismo, tampoco informó sobre concursos y proyectos adjudicados, materia respecto de la cual ni siquiera tenía creado el apartado respectivo en su plataforma de transparencia activa.
“Arica y Parinacota muestra una recuperación importante, pero aún mantiene información relevante que no está disponible o a la que no se puede acceder correctamente. El cumplimiento de esta obligación legal de transparencia activa debe traducirse en antecedentes útiles para que las personas conozcan, por ejemplo, a quién contrata el GORE, quiénes reciben beneficios y cómo se utilizan los recursos regionales”, señaló la presidenta del CPLT, Natalia González.
La fiscalización se realizó durante febrero y marzo de 2026 e incluyó revisiones de los sitios de transparencia de los GORE y de los datos disponibles en el Portal de Transparencia del Estado.
A nivel nacional, los gobiernos regionales promediaron un 92,27%, lo que representa un aumento de 16,2 puntos porcentuales frente a 2025 y el mejor resultado conjunto del sector desde 2015.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de fiscalizar en Chile el cumplimiento de la Ley de Transparencia y proteger el derecho de las personas a acceder a información pública. Los gobiernos regionales están obligados por ley a mantener estos antecedentes completos, actualizados y disponibles. Si se acreditan infracciones, el CPLT puede iniciar procedimientos sancionatorios y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y/o de los funcionarios responsables. Fiscalización nacional
