El Gobierno Regional de Tarapacá alcanzó un 95% de cumplimiento en la fiscalización de transparencia activa 2026 realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), resultado que lo ubicó en el octavo lugar nacional, compartido con el GORE de La Araucanía, según la información entregada por el Consejo para la Transparencia.
La cifra representa un aumento de 12 puntos porcentuales frente a 2025, cuando el organismo obtuvo un 83%. El resultado regional también superó el promedio de los 16 GORE del país, que llegó a 92,27%.
En la revisión general, el CPLT detectó incumplimiento en una sola materia: la información sobre transferencias distintas de aquellas reguladas por la Ley N°19.862 se encontraba desactualizada.
Adicionalmente, el CPLT revisó el cumplimiento de tres obligaciones de transparencia presupuestaria exigidas por mandato de la Ley de Presupuestos 2026. Al respecto, el GORE de Tarapacá no cumplió ninguna. No publicó los antecedentes sobre concursos y proyectos adjudicados; información entregada por entidades privadas que recibieron transferencias superiores a 2.000 UTM; ni los informes sobre el uso de recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, financiado por el royalty minero.
“Tarapacá obtiene un resultado general positivo, pero tiene brechas en materia de transparencia presupuestaria. Las personas tienen derecho a conocer qué proyectos fueron adjudicados, qué entidades privadas recibieron transferencias cuantiosas y cómo se utilizan los recursos provenientes del royalty. Esa información no es accesoria: permite a la ciudadanía seguir y evaluar el destino que se le da al presupuesto regional”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.
La fiscalización se efectuó durante febrero y marzo de 2026 mediante revisiones de los sitios institucionales y de la información disponible en el Portal de Transparencia del Estado.
En el conjunto de los gobiernos regionales, el promedio de cumplimiento aumentó 16,2 puntos porcentuales respecto de 2025 y alcanzó un 92,27%, el nivel más alto del sector desde 2015.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de fiscalizar en Chile el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Los gobiernos regionales están obligados por ley a mantener estos antecedentes completos, actualizados y disponibles. Si se acreditan infracciones, el CPLT puede iniciar procedimientos sancionatorios y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y/o de los funcionarios responsables.
