Imagine que las siete AFP chilenas perdieran, en apenas nueve meses, el equivalente a tres años y medio de sus utilidades. ¿Qué ocurriría? Seguramente sus accionistas exigirían explicaciones inmediatas, sus directorios revisarían las decisiones adoptadas y se buscarían responsabilidades. Difícilmente bastaría con decirles que las inversiones deben evaluarse a largo plazo.
Pues bien, una caída de esa magnitud, medida en poder adquisitivo, acaba de afectar al Fondo E. Entre enero y septiembre de 2026 perdió un 10,39% real, lo que, aplicado como referencia al patrimonio que tenía al comenzar el año, equivale aproximadamente a $2,4 billones, casi tres años y medio de las utilidades que obtuvieron todas las AFP durante 2025.
La diferencia es fundamental: no son principalmente las administradoras ni sus accionistas quienes soportan la caída. Son los trabajadores, cuyos ahorros han disminuido de valor precisamente en el fondo que eligieron por ser el más conservador. La comparación dimensiona el impacto, aunque no significa que todo ese monto sea una pérdida realizada ni una deuda de las AFP.
Para comprenderlo mejor, imagine que después de décadas de trabajo reunió $100 millones para jubilarse. En nueve meses, el poder adquisitivo de ese ahorro habría disminuido al equivalente de $89,6 millones, suponiendo que no realizó aportes ni retiros.
¿Cómo ocurrió algo así?
La explicación es sencilla. Las AFP invierten principalmente en bonos, que funcionan como préstamos al Estado, bancos o empresas a cambio de intereses. Cuando las tasas del mercado suben, los bonos antiguos pierden valor porque pagan menos que los nuevos.
Durante 2026, la inflación persistente, las expectativas sobre las tasas y la incertidumbre económica internacional contribuyeron al aumento de las tasas de largo plazo en Estados Unidos. Pero las AFP habían asumido un riesgo adicional mediante contratos llamados swaps: acuerdos para intercambiar pagos de intereses, normalmente entre una tasa fija y otra variable. En este caso, las operaciones podían generar ganancias si las tasas bajaban. Como subieron, ocurrió lo contrario y las pérdidas se amplificaron.
Según Diario Financiero, estas operaciones explicaron cerca del 80% de la caída nominal del Fondo E. Todas las AFP registraron pérdidas, entre 9,91% y 10,93% real. Una exposición semejante, asumida por distintas administradoras, que terminó produciendo resultados similares.
¿Dónde quedaron la diversificación y el control de riesgos?
Lo preocupante es que hubo advertencias.
Durante el gobierno de Gabriel Boric, la Superintendencia de Pensiones alertó a las administradoras y comenzó a preparar nuevas restricciones. El Banco Central también advirtió sobre la creciente exposición financiera. Posteriormente, bajo el gobierno de José Antonio Kast, la Superintendencia aprobó en abril de 2026 la normativa definitiva, estableciendo límites más exigentes y un plazo de adecuación.
Reconocer ambas actuaciones es lo correcto. Pero permanece una pregunta: ¿por qué las advertencias no se transformaron antes en controles obligatorios?
Defiendo la propiedad individual de los ahorros y la capitalización individual. Precisamente por eso, exigir responsabilidad a las AFP no significa atacar el sistema, sino defender a los trabajadores. La empresa privada debe responder por su gestión y el Estado cumplir oportunamente su obligación de fiscalizar.
¿Quién paga las pérdidas y cómo se recuperan?
Una parte corresponde a la disminución del valor de mercado de las inversiones. Si las tasas bajan, los bonos existentes podrían recuperar valor. También contribuirían sus intereses y nuevas ganancias. Pero las operaciones que ya fueron cerradas con pérdidas no se recuperan automáticamente: deberán compensarse con rendimientos futuros.
Para remontar una caída real de 10,39%, el fondo necesitaría ganar aproximadamente 11,6% real sobre el saldo restante. Nadie puede garantizar cuándo ocurrirá.
Las AFP también arriesgan recursos propios mediante el encaje obligatorio, pero son los afiliados quienes soportan principalmente la disminución del valor de sus ahorros.
La ley permite exigir restituciones cuando se acreditan incumplimientos que hayan perjudicado a los afiliados. No basta con que el mercado haya caído. Por eso necesitamos determinar qué parte del resultado corresponde a riesgos legítimos y si existieron infracciones a las obligaciones de administración.
¿Y qué ocurre con quienes no tienen tiempo para esperar?
Según la Asociación de AFP, uno de cada diez afiliados al Fondo E tiene más de 60 años. No debemos minimizarlo. Detrás de ese porcentaje hay miles de personas que han trabajado durante décadas y hoy enfrentan con incertidumbre el momento de jubilarse.
Además, el Fondo D, donde también se encuentran numerosos trabajadores próximos al retiro, perdió 6,38% real durante el mismo período.
Las AFP sostienen que las inversiones deben evaluarse a largo plazo. Es un argumento atendible, pero insuficiente para quien necesita pensionarse ahora.
Quienes puedan continuar trabajando deberían evaluar si les conviene postergar su jubilación, considerando los costos y riesgos de esperar. Otra alternativa es cotizar una renta vitalicia, cuyas condiciones pueden mejorar con tasas más altas, aunque no devuelve automáticamente el ahorro perdido. También existe el retiro programado, que permite recibir una pensión manteniendo recursos invertidos, expuestos a recuperaciones o nuevas pérdidas.
La recomendación es evitar decisiones precipitadas, comparar las ofertas mediante el sistema oficial SCOMP y buscar asesoría.
Las inversiones pueden esperar una recuperación; las necesidades de las personas, no siempre.
La solución de fondo es impedir que se repita.
Necesitamos que la Superintendencia transparente los riesgos asumidos por cada AFP, las advertencias realizadas, las respuestas recibidas y las medidas correctivas. Si existieron incumplimientos, corresponde determinar responsabilidades.
También debemos preguntarnos cuánto pagamos por administrar nuestros ahorros.
Las AFP cobran entre 0,46% y 1,45% del sueldo imponible. Para alguien que gana un millón de pesos imponibles, significa pagar entre $4.600 y $14.500 mensuales, además de su cotización obligatoria.
¿Por qué algunas cobran más de tres veces lo que cobran otras?
Existen experiencias internacionales con menores costos, aunque las estructuras de cobro y los servicios no son idénticos. Administrar inversiones merece una remuneración, pero el ahorro obligatorio exige competencia, eficiencia y transparencia. Los trabajadores tienen derecho a saber cuánto pagan y qué reciben a cambio.
En abril de 2027 tendremos una oportunidad para mejorar.
Los cinco multifondos serán reemplazados por diez fondos generacionales, que adaptarán las inversiones a la edad de los trabajadores: mayor búsqueda de crecimiento durante la juventud y reducción gradual de determinados riesgos al acercarse la jubilación.
Suecia, Reino Unido y Estados Unidos utilizan modelos semejantes. Su ventaja es una estrategia más coherente con el ciclo de vida. Su debilidad es que tampoco garantizan rentabilidad ni eliminan las pérdidas. Además, los afiliados tendrán menos libertad para elegir el fondo donde invertir su ahorro obligatorio.
Cambiar el modelo sin mejorar la supervisión sería aprender solamente la mitad de la lección.
Chile ha avanzado. Reconozcámoslo.
Ricardo Lagos modernizó el Ahorro Previsional Voluntario e impulsó los multifondos. Michelle Bachelet creó el Pilar Solidario y el ahorro previsional colectivo. Sebastián Piñera impulsó la Pensión Garantizada Universal. Y Gabriel Boric promulgó una reforma acordada transversalmente, con mayores cotizaciones del empleador, un Seguro Social y los fondos generacionales.
Son avances de distintas administraciones que complementan el sistema de capitalización individual iniciado en 1981. Podemos discutir sus resultados, pero sería injusto desconocerlos.
Hoy Chile dispone de AFP, PGU, APV y Seguro Social. ¿Qué nos falta para alcanzar mejores pensiones?
Países Bajos, Suecia y Dinamarca combinan protección pública con sistemas de ahorro vinculados al empleo y una amplia participación de los empleadores. Sus resultados no dependen exclusivamente de buenas inversiones, sino también de cuánto se aporta y durante cuántos años.
Según la OCDE, para trabajadores con salarios promedio y carreras completas, las pensiones netas futuras podrían representar cerca del 96% del salario anterior en Países Bajos, frente al 61% en Chile bajo las reglas reformadas. Son proyecciones con distintas edades de retiro, no las pensiones que reciben actualmente todos los jubilados.
Ese es también nuestro desafío. Según la Superintendencia, la densidad promedio de cotizaciones en Chile rondaba el 54% a fines de 2024. En términos simples, muchos trabajadores cotizan durante poco más de la mitad de su período de afiliación. Ninguna AFP puede compensar completamente décadas sin cotizaciones.
Necesitamos crecimiento económico, empleos formales, mejores salarios reales y más ahorro complementario. Especialmente en regiones como Tarapacá, donde generar oportunidades laborales debe seguir siendo una prioridad.
Y no olvidemos la inflación. Cuando los precios suben persistentemente, los ingresos y ahorros que no se reajustan pierden poder adquisitivo, el crédito puede encarecerse y aumenta la incertidumbre. Proteger las pensiones también exige estabilidad monetaria, autonomía del Banco Central y responsabilidad fiscal.
Aquí nuestra clase política tiene una responsabilidad mayor.
En lugar de disputar quién es dueño de cada reforma, debiéramos construir un acuerdo previsional de largo plazo, con metas verificables: menos lagunas de cotización, menores costos de administración, riesgos mejor controlados y más ahorro efectivo.
Que cada gobierno perfeccione lo construido por el anterior, reconozca lo que funciona y corrija aquello que no entrega resultados.
El Fondo E nos recuerda que la propiedad individual de los ahorros, por sí sola, no basta. Los trabajadores están obligados a cotizar; las AFP, a administrar responsablemente; y el Estado, a fiscalizar.
Los gobiernos pasan. Los trabajadores seguirán necesitando buenas pensiones. Y los ahorros de toda una vida merecen controles que funcionen antes de la próxima pérdida, no explicaciones cuando ya es tarde.
René Avila Alvarez es ingeniero comercial, fundador de CEDET Tarapacá y director de la cámara de industria de Alto Hospicio (CIAH).
