Etimológicamente, la palabra impunidad es un sustantivo abstracto, que se originó en el latín “impunĭtatis” derivado de la cualidad de impune, del latín “impunis”, integrado por el prefijo negativo “in” y por “punire” = castigar, que significa “desprovisto de castigo”. Se trata de la circunstancia resultante al no recibir un castigo o no ser juzgado.
Existe impunidad cuando, la persona que ha incurrido en un delito no recibe la pena que le corresponde por su accionar, es decir, no recibe castigo. De esta forma no se sanciona ni se enmienda su conducta.
Hecho este preámbulo para definir a grandes rasgos esta figura delictiva, cabe mencionar que después del retorno a la democracia existen muchos casos de impunidad en nuestro país, los cuales han sido de público conocimiento y que por razones estrictamente políticas han sido ignorados, debiendo haber sido objeto de sanciones penales o a lo menos morales, pero la sociedad sencillamente los ha ignorado, fundamentalmente porque los organismos públicos que tienen la obligación de perseguirlos no cumplieron con la obligación que las normas legales les exigen.
Lo lamentable de ello, es que este tipo de situaciones contribuyen a exacerbar el odio entre los chilenos, ante la impotencia de aquellos afectados que ven como no se sanciona a los culpables.
Como este es un tema de largo aliento, nos permitiremos señalar solo algunos de ellos como los fallecidos con ocasión del Tsunami, platas pagadas a destacados miembros de la Nueva Mayoría, los fondos ilegales denunciados desde Brasil y que habrían sido aportados por OAS a campañas políticas, los atentados en la Araucanía, los fallos equivocados que liberan a delincuentes detenidos en flagrancia o a otros que portaban gran cantidad de armamento por tratarse de una “detención ilegal” al revisar el portamaletas, en fin la lista será interminable, pero la guinda de la torta fue la libertad para dos inculpados por incendio a una estación al estimar “insuficientes las evidencias”, queda para el común de los ciudadanos la impresión de que existiría de hecho una asociación ilícita entre terroristas haciendo inútil el trabajo de las policías.
Además de toda esta clara impunidad, se debe señalar la evidente campaña de deconstrucción de Carabineros en la que están empeñados algunos y la pasividad del Gobierno para otorgarle a las policías el respaldo que requieren para mantener el orden público.
Ya no existe la excusa del “estallido social”, porque los que hoy en día asolan los negocios, destruyen la propiedad pública y privada, producen miles de cesantes son lisa y llanamente delincuentes financiados por el narcotráfico a los que se les debería condenar y dejar que este país trabaje en paz y armonía.
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