La sede de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desarrolló una presentación sobre el derecho a la salud a las funcionarias (os) y judiciales, en el contexto de una charla que organizó la Corte de Apelaciones de Iquique.
En la jornada, encabezada por el ministro encargado de derechos humanos de la Corte de Apelaciones, Andrés Provoste y la abogada de la sede del INDH, Victoria Márquez King, se abordaron los principios en virtud de los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interviene en determinados casos que le son presentados y también se analizaron los alcances de algunos de sus fallos.
En su exposición, la abogada del INDH explicó qué significa que todas las personas tengan derecho a la salud. Para esto estalló dos casos ocurridos en Chile que fueron llevados a la Corte IDH, y que involucran derechos de grupos de especial protección, como personas mayores y niños, niñas y adolescentes, respectivamente.
“En el cumplimiento de nuestra misión institucional y de vinculación con el Poder Judicial realizamos esta charla respecto del derecho a la salud coordinada por la Unidad de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Iquique y destinada a jueces y a otros funcionarios de los distintos tribunales de la jurisdicción. Se abordó el derecho a la salud desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conceptos y algunos criterios jurisprudenciales. Estimamos estas materias de interés y utilidad para las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial por lo transversal del derecho a la salud y la frecuencia con que es utilizado en fallos de distintas materias”, dijo la abogada del INDH.
El ministro Provoste indicó que “los derechos humanos no son únicamente principios orientadores, sino que constituyen parámetros jurídicos que deben guiar nuestra actuación y decisiones. Su protección comprende diversos ámbitos de la vida de las personas. En este contexto, resulta particularmente importante destacar el derecho a la salud por su estrecha vinculación con la dignidad y el bienestar de las personas. Por ello, su tutela y garantía efectiva deben ser una prioridad, especialmente cuando se encuentran en riesgo derechos fundamentales”, dijo el magistrado.
Resaltó, asimismo, que “como funcionarios judiciales, tenemos una responsabilidad fundamental en su reconocimiento, aplicación y protección efectiva. Por lo que conocer el contenido y alcance amplio de este derecho nos permite identificar posibles vulneraciones, actuar con mayor sensibilidad y rigor jurídico, y garantizar que el acceso a la justicia sea realmente efectivo”.
