Después de meses de debate, la Ley de Reconstrucción Nacional entra en su etapa final de tramitación. Aunque aún queda un artículo pendiente de votación en el Senado durante agosto, el corazón de la reforma ya fue aprobado y comenzará su implementación una vez promulgada. El desafío ahora deja de ser legislativo y pasa a ser mucho más importante: demostrar resultados.
No será una tarea fácil. Chile enfrenta hoy una tasa de desempleo de 9,4%, la más alta de Sudamérica y la tercera más elevada entre los países de la OCDE. A ello se suma una ciudadanía que observa esta reforma con cautela y espera que sus beneficios lleguen efectivamente al empleo, al ingreso familiar y a la economía cotidiana.
En otras palabras, la ciudadanía ya no espera nuevas promesas. Espera resultados.
Y esa expectativa es completamente razonable.
Las buenas políticas públicas no se evalúan por la cantidad de artículos aprobados ni por las horas de debate parlamentario. Se evalúan por los cambios concretos que producen en la vida de las personas.
La nueva ley incorpora medidas que comenzarán a aplicarse en distintos momentos. Algunas tendrán efectos de corto plazo, como la exención de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores que cumplan los requisitos establecidos. En Tarapacá existen 68.542 propiedades afectas al pago de contribuciones, equivalentes al 44% de los bienes raíces registrados por el Servicio de Impuestos Internos. El Censo 2024 contabilizó 35.501 personas de 65 años o más en la región. No todos accederán al beneficio, pero las cifras muestran que miles de hogares tarapaqueños podrían verse beneficiados si cumplen las condiciones establecidas por la ley.
Otras medidas buscan fortalecer el crecimiento de mediano y largo plazo. La reducción gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, los incentivos a la inversión, la agilización de permisos y el crédito tributario para fomentar el empleo en sectores exportadores apuntan a recuperar competitividad y atraer nuevos proyectos. Ninguna de estas herramientas garantiza por sí sola más empleo, pero sí buscan crear mejores condiciones para que las empresas inviertan, crezcan y contraten.
En regiones como Tarapacá este desafío adquiere una dimensión especial. La minería continúa siendo el principal motor económico y el Corredor Bioceánico abre una oportunidad histórica para consolidarnos como plataforma logística del Cono Sur. Sin embargo, esas oportunidades solo se traducirán en desarrollo si somos capaces de atraer inversión, preparar capital humano y transformar ese crecimiento en empleo y mejores oportunidades para las familias.
*Las leyes crean condiciones. Son las personas, las empresas y las regiones las que finalmente las convierten, o no, en desarrollo.
La implementación tampoco será inmediata. Muchas disposiciones requerirán decretos, reglamentos y normas administrativas antes de entrar plenamente en vigencia. En otras palabras, la aprobación de la ley marca el inicio de una nueva etapa, no el final del proceso.
Por eso, el verdadero examen comienza ahora.
Dentro de algunos años nadie recordará cuántos votos obtuvo esta reforma en el Congreso. Lo que recordarán los chilenos será si encontraron trabajo, si una pyme pudo contratar, si un adulto mayor dejó de pagar contribuciones, si llegaron nuevas inversiones a Tarapacá y si el crecimiento volvió a sentirse en los hogares.
Porque, al final, las leyes se aprueban en el Congreso, pero sus resultados se miden en los hogares. Ese será el verdadero juicio sobre la Ley de Reconstrucción Nacional.
*René Ávila Álvarez es ingeniero comercial y fundador de CEDET Tarapacá
