En los dos días que concentraron la emergencia cayeron 21,4 milímetros de lluvia sobre Iquique. La precipitación normal de todo un año es de solo 0,9 milímetros. En términos acumulados, recibimos en 48 horas el equivalente a casi 24 años de lluvia normal (Fuente: Dirección Meteorológica de Chile).
Se activaron quebradas, aparecieron socavones, se interrumpieron rutas, viviendas y recintos de salud resultaron afectados, se suspendieron clases y el funcionamiento de la región quedó severamente tensionado.
La magnitud de la emergencia llevó al Presidente de la República hasta Tarapacá, donde encabezó la coordinación con autoridades regionales y conoció directamente los efectos del temporal.
Pero antes de hablar solo de daños, conviene reconocer lo que sí funcionó.
Las obras de contención aluvional construidas durante años anteriores ayudaron a evitar consecuencias mayores. A ello se sumó el trabajo del Ministerio de Obras Públicas para recuperar la conectividad de la Ruta A-16 y la Ruta 504. La lección es clara: la inversión pública preventiva funciona y la capacidad de respuesta también importa.
Por eso la pregunta no es si Tarapacá carece de infraestructura, sino otra: ¿qué respondió, dónde estuvieron nuestras vulnerabilidades y qué debemos corregir antes del próximo evento?
Una región desértica no puede planificarse suponiendo que aquello que históricamente fue excepcional nunca volverá a ocurrir. Prepararse no significa solamente construir obras de mitigación: exige también mejores datos, planificación territorial, alternativas de conectividad y capacidad de respuesta.
Durante horas, miles de personas tuvieron dificultades para regresar a sus hogares, trabajadores no pudieron desplazarse y empresas alteraron sus operaciones. Entonces algo habitualmente invisible se hizo evidente: una carretera no es solamente asfalto. Es movilidad laboral, abastecimiento, comercio, logística, minería, turismo y calidad de vida.
Cuando una ruta deja de conectar Iquique con Alto Hospicio o con otras zonas de Tarapacá, se pierden horas productivas, se interrumpen cadenas logísticas y parte de la economía queda esperando.
Y la infraestructura que sostiene a Tarapacá no termina en los caminos.
Sectores permanecieron sin electricidad, en algunos casos por más de 48 horas, afectando hogares, comercios y actividades productivas. También existen instituciones sin cuya operación una parte importante de la economía simplemente no puede funcionar.
En una región fronteriza y bajo régimen de zona franca, la continuidad de servicios como Aduanas, ZOFRI y las autorizaciones sanitarias necesarias para determinadas actividades también forma parte de nuestra infraestructura económica crítica.
No se trata de pretender que todo funcione normalmente en medio de una emergencia, sino de definir previamente qué capacidades mínimas deben mantenerse cuando de ellas depende el abastecimiento de la población.
Una empresa puede tener trabajadores, vehículos, mercadería y clientes esperando; pero si falta energía, una ruta está interrumpida o no puede realizarse un control indispensable, la operación se detiene.
Por eso la continuidad operacional también es competitividad.
Hay, además, actividades cuya continuidad resulta esencial. Alimentos, medicamentos, agua, energía, combustibles, telecomunicaciones e insumos sanitarios deben, resguardando siempre la seguridad de las personas, seguir llegando a la población.
Lo aprendimos durante la pandemia y volvimos a comprobar durante esta emergencia la importancia de preservar las funciones esenciales.
Tarapacá debiera avanzar hacia protocolos de continuidad para servicios y actividades esenciales: definir qué funciones son críticas, qué instituciones deben mantener capacidades mínimas y cómo se coordinarán el sector público y el privado cuando la conectividad esté comprometida.
Una emergencia no debiera ser el momento para descubrir quién autoriza, quién fiscaliza o cómo mantener una cadena de abastecimiento.
La misma lógica debe orientar la reconstrucción. Reponer lo dañado será indispensable, pero no basta con volver al punto anterior a la lluvia. Si una ruta mostró puntos críticos, revisemos alternativas. Si sectores se inundaron, evaluemos drenajes y planificación urbana. Si la energía tardó demasiado en recuperarse, analicemos respaldo y tiempos de respuesta.
Reconstruir mejor también es política económica.
Durante la emergencia algunas autoridades solicitaron un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe. El Gobierno optó finalmente por declarar a Tarapacá “zona afectada por catástrofe”, un régimen administrativo destinado a facilitar recursos, personal y coordinación para la recuperación, sin recurrir a las restricciones de libertades propias de un estado de excepción constitucional y manteniendo la conducción de la recuperación en autoridades civiles. El decreto designa para ello a los Delegados Presidenciales Regionales como responsables de coordinar y ejecutar los programas que determine el Gobierno.
En una emergencia actuar rápido importa; escoger una respuesta proporcional y sustentada en antecedentes suficientes también.
Más importante aún, el propio decreto establece que la recuperación debe evitar reproducir las condiciones de riesgo preexistentes y considera expresamente la reparación del daño económico entre sus objetivos.
Ese debiera ser nuestro estándar: no reconstruir las mismas vulnerabilidades.
Para ello serán necesarios recursos extraordinarios, suficientes y oportunos. Y esos recursos debieran ser adicionales, no sustitutivos de inversiones regionales ya destinadas a resolver otras brechas.
Tarapacá no debería tener que elegir entre reconstruirse y desarrollarse.
Hay inversión pública que no compite con la inversión privada: la hace posible.
Podemos proyectar nuevos desarrollos mineros, fortalecer ZOFRI, avanzar en el corredor bioceánico y expandir nuestra plataforma logística, pero ninguna estrategia de crecimiento estará completa si la infraestructura física e institucional que debe sostenerla no puede resistir y recuperarse frente a una contingencia.
Y en medio de las cifras tampoco deberíamos olvidar la infraestructura humana: equipos de emergencia, funcionarios públicos, trabajadores de servicios básicos y pequeños comerciantes que hicieron posible que funciones esenciales continuaran operando.
Muchas veces pasa inadvertida cuando todo funciona, pero se hace gigante cuando todo deja de funcionar.
La lluvia fue excepcional. Lo que no debería ser excepcional es nuestra capacidad de aprender de ella.
Porque una región resiliente no es aquella donde nunca ocurre una emergencia. Es aquella que reconoce lo que funcionó, corrige sus vulnerabilidades y se prepara para que, cuando la naturaleza vuelva a ponerla a prueba, lo esencial siga funcionando.
*René Ávila Álvarez es fundador de CEDET Tarapacá.
