La Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado finalmente evacuó su esperado informe. El encargo ya anticipaba una “misión imposible”: lograr cumplir con los fallos de la Corte Suprema, responder de alguna forma a las expectativas de los afiliados al sistema de que se le devolverían dineros mal cobrados, y al mismo tiempo impedir el desplome masivo de las isapres.
Las propuestas de la comisión, independiente de que vayan a generar controversias, intentan cumplir técnicamente con el encargo. El problema central es que la viabilidad política de implementarlas es escasa. Primero, por la compleja y alambicada argumentación que se realiza para justificar un menor monto de reconocimiento de deuda, la que solo llega a un tercio de lo que públicamente se estableciera. Lo segundo, es que dicha menor deuda se paga no solo en cómodas cuotas durante 10 años, sino que, con la plata de los propios afiliados, quienes verán el efecto de los fallos poco reflejado en lo que deberán pagar mensualmente, ya que para sostener la propuesta deberán haber alzas extraordinarias del precio base de los planes y de la prima GES.
En buen chileno cada afiliado deberá aportar para su propia “devolución”. En la práctica es un “yo te paso para que tu hagas que me lo devuelves”. ¿Cómo se explica esto a los afiliados? Además, la comisión establece con argumentos indiscutibles que aún con las favorables condiciones sugeridas al menos dos isapres no tendrán solución alguna, por lo que el sistema en su conjunto deberá hacerse cargo de reacomodar a varios miles de personas y familias.
Finalmente, y más allá del encargo, la comisión hace interesantes propuestas para una reforma futura que requerirán de otros proyectos de ley, en ámbitos de avances en seguridad social en salud que mejoren la equidad y eficiencia del sistema, en materias de cambios institucionales en evaluación de tecnologías sanitarias y en licencias médicas. Temas de gran importancia y que por décadas han estado a la espera de condiciones políticas propicias para negociación y acuerdos.
Previendo que la viabilidad de lo que propone la comisión es baja, quizás derechamente debiera asumirse que el modelo isapre no tiene remedio y discutirse el utilizar ese espacio de diez años para una transición ordenada de las actuales isapres a buenos seguros complementarios que resguarden la opción de escoger prestador.
*Osvaldo Artaza, Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas
