A un año del arribo del COVID19 al territorio nacional y en plena campaña “Yo me Vacuno” para conseguir la inmunización del 80% de la población nacional, seguimos enfrentando las consecuencias del virus: estragos en la salud física de los contagiados, agotamiento del personal de salud, alta ocupación de las camas críticas y deterioro de la salud mental de los chilenos.
Con una débil trazabilidad, la estrategia sanitaria actual está centrada en la restricción de las libertades individuales y medidas de confinamiento, mientras nos alarma el alto índice de positividad del virus a nivel nacional y el incremento de los decesos. En medio de este escenario, ya es posible evidenciar otras secuelas invisibilizadas que afectan en particular a personas portadores de enfermedades crónicas y a grupos etarios específicos como niños, adolescentes y adultos mayores de estratos socioeconómicos vulnerables.
Son ellos los que cuentan con menos oportunidades de acceso a la información, conectividad, digitalización, atención de salud oportuna, educación, y con menos recursos para adaptarse a la difícil situación sanitaria actual.
En el caso de las personas con patologías crónicas tienen dificultades para acceder a controles médicos y sus exámenes no se encuentran vigentes, desconociéndose si la enfermedad se encuentra controlada, situación que aumenta la probabilidad de otras complicaciones sistémicas.
Niños y adolescentes han visto alterado su proceso de desarrollo, debido al escaso monitoreo del crecimiento que pesquisa de forma oportuna alteraciones que pueden causar complicaciones a largo plazo. En tanto, adultos mayores han visto incrementadas las enfermedades degenerativas y demencias, y visto comprometida su funcionalidad por falta de actividad física, además el escaso contacto social y familiar ha contribuido al incremento del envejecimiento patológico.
La pandemia no termina con la reducción de los contagios o inmunización de la población, es tiempo de que las autoridades desarrollen programas y políticas publicas orientadas a mejorar la seguridad social, salud y educación, que permitan mejorar la deteriorada calidad de vida de los más desposeídos.
Alejandro Lara, Académico Escuela de Enfermería Universidad de Las Américas
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