En medio de los anuncios de recortes en el gasto público, la gratuidad en la educación superior vuelve a estar en el centro del debate. Una de las propuestas de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público —elaborada en el gobierno anterior— planteó restringir este beneficio para estudiantes mayores de 30 años.
En esa línea, la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes (Uandes) analizó el impacto fiscal de esta medida. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Financieros, limitar la gratuidad a este grupo etario habría permitido recortar hasta un 1,46% del presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior en 2024, considerando a las 34 universidades adscritas al sistema. Esto equivale a cerca de un 0,30% del presupuesto total del Ministerio de Educación y a un 3,55% de los recursos destinados a transferencias por gratuidad a universidades.
Pese a estas cifras, el informe advierte que el impacto en el gasto total sería acotado, dado el bajo peso relativo de los beneficiarios mayores de 30 años. En términos absolutos, el ahorro alcanzaría cerca de $10 mil millones —y hasta $50 mil millones en un escenario de aplicación completa—, montos menores frente al total del gasto en educación superior y otras partidas relevantes como pensiones. Además, se advierte que parte de este ahorro podría diluirse si estudiantes migran hacia la educación técnico-profesional, donde el beneficio se mantiene.
El análisis también subraya que el debate no debería centrarse únicamente en el ahorro fiscal, sino en el diseño del sistema de financiamiento de la educación superior. En esa línea, propone avanzar hacia una gratuidad más focalizada, complementada con mecanismos contingentes al ingreso, que permitan resguardar el acceso, mejorar los incentivos y mantener el rol de la educación superior como motor de movilidad social.
Desde una perspectiva más amplia, el informe plantea que este tipo de medidas abre la discusión sobre una eventual evolución del sistema, donde la gratuidad se concentre en áreas con mayores retornos sociales o externalidades positivas —como las pedagogías—, mientras una mayor proporción del financiamiento se canalice a través de instrumentos que promuevan corresponsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
