Desde el 18 de octubre que en nuestro país se han agudizado los problemas de una manera casi exponencial al formarse una “tormenta perfecta” entre la manifestación lógica por las demandas sociales insatisfechas y que no se han acogido a través de los gobiernos democráticos que comenzaron en 1990 y el aprovechamiento que de ellas hicieron los narcodelincuentes y los terroristas financiados por oscuras fuerzas, de las cuales aún no hay vestigios claros.
Lo que si está claro para la gran mayoría de los chilenos es que como el antiguo dicho “algo huele mal en Dinamarca y no son los quesos”, las cosas no funcionan porque el Estado de Derecho está gravemente afectado al no cumplir, como se espera, los diferentes órganos del mismo las obligaciones que sus leyes y reglamentos orgánicos les exigen.
A vía de ejemplo se puede señalar:
La absoluta inoperancia del Ministerio del Interior en restablecer el orden público en todo el país, y ni hablar de la Araucanía, donde el terrorismo campea a diario con la excusa de favorecer al pueblo Mapuche, el que “no está ni ahí” con los atentados de los grupos financiados por el extremismo extranjero, haciendo muy difícil la vida de los habitantes de las regiones del sur, y cuyas acciones ocupan a diario espacios en la prensa, más local que nacional.
La dictación de los reglamentos de uso de la fuerza para las FF.AA., que los han dejado en la indefensión para repeler como corresponde a los delincuentes.
El accionar contra Carabineros; la actuación del Ministerio Público, el INDH y los jueces de garantía, respecto de lo cual hay un descontento general -por lado y lado- manifestado en los medios y redes sociales.
La interminable tramitación de la ley de inteligencia en el Congreso, que lleva años demorada.
La acción de la Contraloría General de la República, de la que se espera mayor aceleración, en la medida de lo posible, en cuanto a graves actos de corrupción en varias municipalidades que buscan como sea el paso del tiempo y la consiguiente prescripción.
La política de la Fiscalía que ha permitido también que graves delitos no puedan ser investigados por el paso del tiempo (ej: Tsunami, financiamiento de OAS, caso terrenos en Rancagua, etc).
La acción claramente obstructiva del Congreso hacia el Gobierno, llegando ya al límite de comenzar a utilizar los “resquicios legales”, de triste recuerdo en el desgobierno de la Unidad Popular, para reformar la Constitución, lo que finalmente derivará en graves consecuencias para el régimen presidencial.
La intervención política en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, aplicando vetos por fallos anteriores de los postulantes que los senadores estiman no son de su agrado.
Los procesamientos vergonzosos contra personal de Carabineros y Militares que cumplen sus funciones en el Estado de Emergencia.
La falta de prontitud en el respaldo al personal de Carabineros que es permanentemente atacado en las comisarías por bandas de delincuentes, sin poder hacer uso de sus armas de fuego, lo que contrasta con el valiente y decidido apoyo a su personal por parte del Director General de la PDI.
La brutal arremetida contra la familia por parte de organizaciones pro aborto, y muchas otras financiadas desde el extranjero por los promotores de un “nuevo orden mundial”, que pretenden instaurar la ESI para enseñar prácticas inconsultas a padres y apoderados, y finalmente aplicar los dictados de la ONU para eliminar la patria potestad de los padres sobre sus hijos, como se proclama a los cuatro vientos.
La absoluta pasividad del gobierno y de los parlamentarios ante la pretensión argentina de apropiarse de nuestra plataforma continental hacía el territorio antártico.
La corrupción que culminó con la destitución de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Los constantes afrentas a nuestros emblemas nacionales y a los héroes que dieron su vida por la Patria.
La existencia de un Congreso Nacional que sido calificado como el peor de nuestra historia republicana, con rentas y asignaciones fuera de todo control, con integrantes muy mal preparados, que mantienen una enorme cantidad de asesores con sueldos altos y que tienen además una gran cantidad de privilegios que no existen en ninguna parte del mundo, hechos que tienen cansada a la ciudadanía.
Chile es una nación democrática libre y soberana, donde aún nos podemos manifestarnos como ciudadanos, recurriendo a la libertad de expresión. De tal forma que debemos hacer ver estos problemas y esperar solucione sin dar cabida a sistemas e ideologías que podrían terminar con la libertad que aún tenemos y apreciamos.
En fin, se podría agregar otros hechos o actitudes similares que están destruyendo en forma precipitada e irremediable nuestro país, sin que se visualice una solución real a los problemas de la gente. Todos debemos evitar la creciente polarización que en el pasado reciente, al parecer olvidado por muchos, nos llevó a episodios que no deben repetirse.
Confiemos en la Divina Providencia y en la ley universal que señala que siempre Él restablece el orden natural.
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