Transformar al Ministerio de Bienes Nacionales en un gestor estratégico del territorio, capaz de movilizar el patrimonio fiscal para contribuir a la seguridad, el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades para las personas. Ese fue uno de los principales ejes de la Cuenta Pública Participativa 2026 que la ministra Catalina Parot, junto al subsecretario Javier Peró, encabezó este martes en la Región del Biobío.
Durante la actividad, la secretaria de Estado dio cuenta de la gestión 2025 y de las principales medidas impulsadas por la nueva administración desde el 11 de marzo, para fortalecer la gestión de un patrimonio compuesto por 33.358 inmuebles fiscales y 42,4 millones de hectáreas, equivalentes a cerca del 56% del territorio nacional.
La ministra relevó que los principales desafíos del Ministerio se concentran en los territorios: la mayor demanda de regularización de la pequeña propiedad raíz está en el sur del país —La Araucanía (22%), Los Lagos (12,9%) y Maule (12%)—, mientras que cerca del 80% de las ocupaciones irregulares se localiza en la macrozona norte, particularmente en Antofagasta y Atacama.
Dentro de los avances desplegados en la región de Tarapacá, la ministra detalló el traspaso de 8, 4 hectáreas destinadas a seguridad, a través de la destinación de 6,2 ha para la nueva Escuela de Formación de Carabineros y el resto para el mejoramiento de infraestructura de control fronterizo.
“El patrimonio fiscal pertenece a todos los chilenos y tiene un enorme potencial para contribuir a enfrentar los desafíos del país. Nuestra tarea es pasar de una lógica centrada principalmente en administrar inmuebles a una gestión estratégica del territorio: saber qué tenemos, protegerlo, recuperar lo que corresponde y activar aquellos activos que pueden generar inversión, vivienda, seguridad y mejores oportunidades para las personas y las regiones”, afirmó la ministra Parot.
Desde el 11 de marzo de 2026, el Ministerio ordenó su gestión en función de las tres emergencias definidas por el Gobierno: seguridad; económica y social.
“Cada decisión sobre el territorio fiscal se evalúa por su aporte concreto a resolverlas. Recuperar el control del territorio fiscal es, ante todo, un asunto de seguridad. Cada terreno ocupado irregularmente es suelo que el Estado no puede destinar a vivienda, inversión o protección ambiental, y muchas veces es aprovechado por el crimen organizado”, explicó la ministra Parot.
PLAN DE VENTAS Y “CHAO DEUDAS”
Entre las principales medidas, la ministra destacó el primer Plan de Ventas, presentado el 23 de julio ante el Comité Económico del Gobierno, que ofertará inmuebles fiscales provenientes de herencias vacantes y licitaciones declaradas desiertas. Los inmuebles serán comercializados mediante licitación pública a través de una nueva plataforma y un visor para facilitar el acceso a la información sobre las propiedades disponibles. Además, subrayó que el 65% de los ingresos por estas ventas se transfiere directamente a los Gobiernos Regionales.
A ello se suma el plan “Chao Deudas”, puesto en marcha al detectar que 2.262 de los 5.216 contratos vigentes por arriendos, concesiones de uso oneroso o ventas a plazo se encontraban en mora, equivalente al 43% del total, con una deuda superior a $51.855 millones. El plan contempla la identificación y notificación de los deudores, el cobro de garantías, coordinaciones con el Consejo de Defensa del Estado para avanzar en la cobranza judicial y, cuando corresponda, el término anticipado de las concesiones.
“Los activos fiscales no pueden convertirse en pasivos para el Estado. Vamos vender los inmuebles que ingresaron por herencia vacante y transformar los inmuebles abandonados o subutilizados en activos que generen ingresos para el Fisco y las regiones. Y también vamos a cobrar lo que corresponde. Tenemos la responsabilidad de administrar bien el patrimonio de todos y lograr que esos recursos vuelvan a generar valor para Chile”, sostuvo Parot.
La seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Noelia Garrido, resaltó que los próximos desafíos estarán puestos en reducir los tiempos de tramitación, recuperar terrenos fiscales ocupados irregularmente, disminuir la morosidad, impulsar nuevas licitaciones para industrias estratégicas, entre otros.
Finalmente, en lo relativo a la emergencia social, uno de los focos ha sido apoyar con soluciones para la emergencia habitacional. Son 154 los inmuebles que el Ministerio de Bienes Nacionales está transfiriendo gratuitamente al SERVIU, a nivel nacional, equivalente a unas 661,5 hectáreas para soluciones habitacionales, de las cuales 85 corresponden a Tarapacá.
Además, durante la cuenta pública se destacó el proyecto de ley para la regularización de la propiedad en situaciones de emergencia, que ya fue ingresado al Congreso y que establece un procedimiento gratuito para las personas damnificadas, reduciendo el plazo de tramitación de 24 a 6 meses y permitirá acceder oportunamente a subsidios y programas de reconstrucción.
