- El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que la revisión del gasto público se concentra en programas mal evaluados y no afectará beneficios como la Pensión Garantizada Universal.
Tras una semana de intensas presiones políticas y críticas transversales, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de la controversia desatada por la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugerían recortes a programas sensibles. En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado fue categórico al asegurar que el norte del Gobierno no ha cambiado y que los beneficios directos a la ciudadanía están garantizados.
“Es una semana donde claramente ha habido que salir a explicar mejor las cosas, tal vez hay una falencia ahí en haber explicado mejor, pero el norte no cambia”, admitió Quiroz. El jefe de la billetera fiscal reconoció la urgencia de revisar el gasto público, pero hizo una distinción clave: “Yo le quitaría el adjetivo ‘social’, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que el tema social no se toca, lo que no significa que haya que buscar eficiencia y hay muchos espacios para ello”.
La polémica escaló a tal punto durante la semana que el propio Presidente José Antonio Kast debió salir con megáfono en mano a las afueras del Hospital de Temuco para asegurar que no habría mermas en el sector Salud. Consultado sobre si esta situación expuso innecesariamente al Mandatario, Quiroz se defendió señalando: “Yo por lo menos he procurado nunca exponer al Presidente”.
Para el titular de Hacienda, gran parte del conflicto se originó por una mala interpretación del documento filtrado. “La gente lee poco, y ese es un supuesto que yo he hecho… pensé que se leía más”, señaló con ironía.
Quiroz explicó que el famoso oficio consta de un cuerpo principal y un anexo referencial. Según detalló, el texto principal —que marca el inicio del diálogo con los ministerios para preparar la Ley de Presupuesto 2027— establece explícitamente que “el presupuesto base de cada ministerio tiene que respetar las leyes y compromisos contractuales preexistentes. Por lo tanto, todas las leyes, léase PGU, Junaeb, son leyes existentes que deben ser respetadas”.
Respecto a la alarma generada por la sugerencia de un 15% de recorte en la Pensión Garantizada Universal (PGU), Quiroz aclaró que se trataba de una metodología de revisión y no de un mandato de reducción. “Mirándolo ahora, quizás en la tabla no se debió haber puesto el 15% y se debió haber puesto ‘revisar’”, concedió, admitiendo que “faltó un poco de oficio cuando escribí el oficio”.
No obstante, defendió la necesidad de auditar la aplicación de la ley. Como ejemplo, mencionó el requisito que exige a los extranjeros llevar más de 20 años en el país para acceder a la PGU. “No estoy diciendo que está mal, lo que digo es que estos oficios llaman a examinar cómo se acreditan y cómo se están haciendo las cosas”, enfatizó el ministro.
Durante la entrevista, Quiroz también separó las aguas entre las proyecciones para 2027 y el ajuste fiscal que ya se está ejecutando en el presente año. Precisó que la primera fase de recortes ya está operativa mediante decreto y alcanza los $1,7 billones (unos US$ 2.000 millones). Este proceso, explicó, nació de oficios similares donde se instruyó a los ministerios buscar espacios para recortar un 3% de su presupuesto, generándose un diálogo que decantó en el ajuste final.
Para ilustrar el éxito de su cruzada por la eficiencia y el control de abusos, el ministro utilizó el caso del Crédito con Aval del Estado (CAE).
“Cuando nosotros llegamos estaba el tema del CAE, y mi aproximación es que la ley del CAE es un beneficio social, pero no pagar el CAE no es un beneficio social”, argumentó. La estrategia de Hacienda consistió en cruzar los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) con el registro de deudores para identificar a quienes tenían capacidad de pago y evadían su responsabilidad.
Según Quiroz, las acciones de cobranza generarán un impacto “muy significativo” en las cuentas fiscales que “mueve la aguja”, permitiendo además que el Estado desembolse menos recursos en el pago de garantías bancarias. Es esta misma lógica de fiscalización de datos la que, a juicio del ministro, debe aplicarse a todo el aparato estatal antes de formular el próximo presupuesto. (Consignado por DiarioUdeChile)
