● El estudio sugiere que, de mantenerse la fórmula de financiamiento propuesta por el Ejecutivo, el Estado manejaría un monto en exceso de USD 1.350
millones, que no se justificaría.
Un reciente informe del Observatorio Perspectivas ha revelado que el costo de los beneficios asociados al componente de «solidaridad» en la reforma previsional
propuesta por el Gobierno sería sustancialmente más bajo que las proyecciones oficiales. Según el estudio, que toma en cuenta datos actualizados hasta diciembre
de 2023, el costo total de estos beneficios ascendería a solo un 1,65% de las cotizaciones (considerando el máximo de los supuestos), es decir, casi la mitad del
3% que se plantea actualmente en el proyecto de ley de reforma a las pensiones.
El texto original del Gobierno contempla una cotización adicional del 6% con cargo al empleador, de los cuales tres puntos estarían destinados a financiar un «seguro
social». Este incluye una garantía para los actuales pensionados -que se financiaría con un 2% de las cotizaciones que serían consideradas un préstamo de los afiliados
al Estado- y medidas para compensar las brechas de género en las pensiones que, según el Ejecutivo, tendría un costo de 1% de la cotización extra.
Sin embargo, Gabriel Cestau, director ejecutivo del Observatorio Perspectivas, contrasta con las cifras oficiales y explica que “nuestro análisis muestra que, con un
enfoque más preciso y ajustes en las proyecciones, el costo real es mucho menor, en el orden del 1,65% de las remuneraciones para todos los beneficios considerados,
muy bajo del 3% calculado originalmente”.
El Observatorio Perspectivas estima que el costo de financiar un aporte de 0,1 UF por año cotizado para hombres y mujeres, tal como propone el proyecto de ley, sería
cercano a los US $1.244 millones, lo que representa un 1,4% de la cotización. Además, el costo del denominado «Bono Tabla», destinado a igualar las diferencias en expectativas de vida entre hombres y mujeres al momento de jubilar, sería de US $231 millones, o un 0,25% de cotización. En conjunto, estos beneficios sumarían un
costo del 1,65% de la cotización adicional, lejos del 3% del Ejecutivo.
El estudio sugiere además que, de mantenerse la fórmula de financiamiento actual, orientar los beneficios en aquellos grupos que más lo necesitan. «Si focalizamos los beneficios de la garantía únicamente a los cotizantes con más de 10 años de aportes, el costo se reduciría a 1,2%. Y si consideramos sólo a aquellos con al menos 20 años
de cotización, el costo podría disminuir a un 1%, lo que sería mucho más manejable para el sistema», explica Cestau.
«Es fundamental que esta reforma previsional se enfoque en soluciones que sean las necesidades actuales sin comprometer la estabilidad del sistema, concluye
Gabriel Cestau».
