En las primeras horas del día, la losa del Aeropuerto «General Diego Aracena» de Iquique se convirtió en el escenario de un nuevo procedimiento de expulsión de ciudadanos extranjeros. Un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) despegó con rumbo al norte del continente, transportando a un total de 45 personas de nacionalidades colombiana y dominicana, bajo un estricto despliegue de seguridad coordinado por el Gobierno y las policías.
El operativo, que forma parte de las medidas ejecutadas por la administración del Presidente José Antonio Kast, involucró el trabajo conjunto de la Subsecretaría del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI). En total, el vuelo trasladó a 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos, cuyas salidas del territorio nacional se fundaron tanto en resoluciones administrativas como en decretos judiciales.
Desde la Región de Tarapacá, el prefecto inspector Ernesto León, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, supervisó la salida y entregó el balance oficial del procedimiento. Según detalló la autoridad policial, 36 de los traslados correspondieron a medidas de carácter administrativo, mientras que los nueve restantes obedecieron a dictámenes de los tribunales de justicia.
«Algunas de estas personas cometieron delitos o bien cumplieron sus condenas en Chile», explicó el prefecto León, precisando que entre las causas se cuentan ilícitos de alta connotación social como el tráfico de drogas, el robo con intimidación y el robo con violencia. En el caso de las expulsiones judiciales, la ley faculta la conmutación de la pena privativa de libertad por la salida obligatoria del país, la cual incluye una prohibición formal de reingreso por un período determinado.
El procedimiento de este vuelo adquirió una relevancia particular debido a la situación de dos de los pasajeros. Las autoridades chilenas los identificaron como «personas de interés» debido a que registran órdenes de detención vigentes en Colombia por delitos graves: uno de ellos por violación de un menor de catorce años y el otro por homicidio frustrado.
Para garantizar que ambos enfrenten a la justicia de su país de origen, la policía civil activó los protocolos internacionales. «Se coordinó con los agregados policiales de nuestra institución en ese país para lograr su detención al momento de que lleguen a tierras colombianas», confirmó el alto oficial de la PDI.
Con el despegue de la aeronave militar desde Tarapacá, concluyó un nuevo episodio de la política migratoria y de seguridad, reflejando la compleja coordinación logística y judicial que implica la restitución de ciudadanos extranjeros a sus países de origen cuando median infracciones a la ley chilena o requerimientos internacionales.
