La economía chilena sufrió una desaceleración mucho mayor que la de sus vecinos. ¿Qué la provocó y cuánto de la inversión anunciada podría convertirse en crecimiento y empleo, también en Tarapacá?
En diciembre de 2025, el Banco Central esperaba que Chile creciera entre 2% y 3% durante 2026. Hoy proyecta apenas entre 0,25% y 0,75%. El FMI estima 0,6%, frente al 3% de Perú y 2,2% de Brasil. Todos enfrentaron turbulencias internacionales, aunque con distinta intensidad. Entonces, ¿por qué nuestra economía se frenó tanto más?
La pregunta es incómoda. El cobre mantiene precios elevados, existen inversiones anunciadas y el Gobierno llegó prometiendo reactivación. Sin embargo, incluso economistas como José De Gregorio han reconocido su sorpresa ante semejante desaceleración.
Chile arrastra más de una década de bajo crecimiento, productividad débil y dificultades para materializar inversiones. Pero esos problemas conocidos no explican por sí solos un frenazo tan abrupto.
En 2026 coincidieron tres golpes económicos que terminaron agravándose entre sí.
El primero fue productivo. Chile produjo menos cobre, aunque su precio aumentó. ¿Por qué? Porque diversos yacimientos enfrentan menores concentraciones del mineral, dificultades operacionales y necesidades de mantenimiento. A ello se sumaron temporales que afectaron distintas actividades. Según Cochilco, la producción nacional de cobre cayó 7,7% entre enero y agosto. Un precio elevado mejora los ingresos por lo vendido, pero no reemplaza las toneladas que dejamos de producir. Recuperarlas exige inversiones que toman años.
El segundo golpe llegó al bolsillo. La guerra en Medio Oriente elevó el precio del petróleo y Chile, dependiente de combustibles importados, recibió ese incremento en sus costos. Pero también hubo decisiones internas: en marzo, el Gobierno modificó el mecanismo de estabilización, trasladando un alza importante a los consumidores. La medida respondió a consideraciones fiscales, pero tuvo consecuencias económicas. El transporte se encareció, las empresas enfrentaron mayores costos y las familias dispusieron de menos dinero para otros gastos. La crisis fue internacional; nuestra manera de enfrentarla también influyó en sus efectos.
El tercer golpe fue el más preocupante: comenzó a debilitarse la economía interna. Según el Banco Central, la demanda pasó de crecer 2,3% anual en el primer trimestre a apenas 0,1% en el segundo. ¿Por qué? Porque coincidieron un empleo debilitado, menores expectativas, menos consumo y postergación de inversiones. La construcción venía con dificultades, terminaron grandes proyectos y disminuyó la inversión pública. A ello se sumaron mayores costos laborales acumulados y una productividad que no ha conseguido acompañarlos.
El resultado es sencillo de comprender. Cuando una familia compra menos, el comercio vende menos; cuando una empresa posterga una obra, sus proveedores reciben menos pedidos; y cuando disminuyen las contrataciones, otras familias restringen sus gastos. Así, problemas diferentes terminaron profundizando una misma desaceleración.
La comparación con Sudamérica deja una lección: no podemos responsabilizar exclusivamente al petróleo o a los acontecimientos internacionales. Cada país tiene una estructura económica diferente, pero las cifras nos obligan a mirar nuestros propios problemas.
También corresponde examinar las decisiones del Gobierno. Ordenar las finanzas públicas es necesario, pero el ritmo de los ajustes, sus efectos sobre la actividad y la manera de comunicarlos importan. La responsabilidad fiscal y el crecimiento deben avanzar juntos.
¿Por qué 2027 podría ser diferente?
Hacienda proyecta crecer 3,3% y el Banco Central entre 2% y 3%. La recuperación tendría tres motores: normalizar parte de la producción afectada, reducir las presiones inflacionarias y reactivar la inversión, que el Banco Central estima aumentando 8,1%.
La Ley de Reconstrucción Nacional incorpora incentivos tributarios destinados a estimularla. El Banco Central calcula que podría aportar cerca de medio punto porcentual adicional de crecimiento anual en 2027 y 2028, bajo sus supuestos de implementación. Hay fundamentos para mejorar, pero una ley aprobada no equivale a una inversión ejecutada.
Tarapacá ofrece un buen ejemplo de lo que está en juego. Cochilco identifica US$14.470 millones en proyectos cupríferos para el período 2025-2034. A ello se suman más de $140 mil millones en obras de conectividad para las rutas 1 y 15-CH, además de inversiones privadas en energía, como el Parque Fotovoltaico Pampino, por US$263 millones. Sin embargo, una cartera millonaria no significa que esos recursos vayan a ejecutarse en 2027. Entre el anuncio y la inversión efectiva hay permisos, financiamiento, decisiones empresariales y capacidad de gestión. Más que cuánto dinero aparece en los proyectos, debería interesarnos cuánto comienza realmente a invertirse y generar actividad y empleo.
La recuperación también exigirá capacidad de gestión. En una tarea tan determinante para el empleo y la calidad de vida, las autoridades y sus equipos nacionales y regionales deben demostrar experiencia, competencia y resultados. Pero gobernar también requiere sentido común, criterio y sensibilidad política para comprender las consecuencias de las decisiones sobre las personas. Una medida puede estar técnicamente bien diseñada y perder respaldo si se ejecuta sin considerar su impacto ciudadano. Recuperar la confianza exigirá algo más que anunciar buenas medidas: habrá que demostrar que se saben implementar.
La dificultad no es menor. Según la última encuesta Criteria, un 73% de los consultados declara tener poca o ninguna confianza en que el Gobierno pueda corregir el rumbo del país durante 2027. Esa percepción no determina el crecimiento económico, pero evidencia la distancia entre las expectativas oficiales y la confianza ciudadana.
Chile tiene fundamentos para recuperarse. Sin embargo, crecer cerca de 3% después de un año prácticamente detenido no significa necesariamente que hayamos recuperado nuestra capacidad de crecimiento.
Chile puede rebotar en 2027 sin haber despegado. El verdadero éxito será volver a invertir, producir y contratar de manera sostenida, sin repetir el frenazo cuando termine el impulso inicial.
*René Avila Alvarez es ingeniero comercial, fundador de CEDET Tarapacá y Director de la Cámara de Industria de Alto Hospicio.
