¿Por qué no hay pega?
La pregunta se escucha cada vez más y los números explican la inquietud. Chile llegó a 9,6% de desempleo. En doce meses, las personas desocupadas aumentaron 13%, los ocupados disminuyeron 0,9% y los asalariados formales cayeron 2,9%. La informalidad alcanzó 26,3% y la tasa que suma desempleo y trabajo parcial involuntario llegó a 16,2%, según el INE.
Ya no basta con preguntarnos cómo ayudar a quien perdió su trabajo. Hay una pregunta anterior: ¿por qué está costando tanto crear uno nuevo?
Pensemos en una empresa que evalúa contratar a una persona más. Primero debe saber si tendrá ventas para sostener ese puesto. Después calcula cuánto cuesta incorporarla. Finalmente evalúa si encuentra las competencias que necesita o si parte de esa tarea puede resolverse con tecnología.
Hoy esas tres respuestas son más difíciles.
Cuando una empresa vende menos, recibe menos pedidos o posterga una inversión, también posterga contrataciones. El Banco Central identifica precisamente una combinación de factores detrás de la debilidad laboral: menor demanda, mayores costos laborales y automatización.
Pero hay algo que necesitamos mirar sin prejuicios: contratar se ha vuelto más caro y más complejo.
El Índice de Costos Laborales aumentó 8,7% en doce meses a julio. El salario mínimo llegó este año a $553.553. La jornada ordinaria pasó de 45 horas a 44 y desde abril está en 42; en 2028 llegará a 40. A ello se suman mayores cotizaciones previsionales de cargo del empleador —aunque no todo corresponde a un costo nuevo, porque el SIS ya lo pagaba el empleador— y obligaciones administrativas como las derivadas de la Ley Karin: prevención, protocolos, medidas de resguardo e investigaciones.
Cada una de estas normas persigue objetivos legítimos. El punto no es atribuirle el desempleo a una ley ni proponer simplemente eliminar derechos.
El problema aparece al mirar el efecto acumulado.
Una empresa no decide contratar examinando cada norma por separado. Mira cuánto vende, cuánto deberá pagar, cuántas horas dispondrá del trabajador, qué obligaciones tendrá que administrar y cuánto valor podrá generar ese nuevo puesto.
Y ahí aparece una diferencia fundamental: las mismas reglas no pesan igual para todas las empresas.
Un aumento del salario mínimo tiene una incidencia muy distinta en una gran compañía donde las remuneraciones están bastante por encima de ese piso que en un restaurante, comercio, taller o pequeña empresa de servicios donde una parte importante de los salarios se encuentra cerca del mínimo.
Esto importa porque las MiPymes representan 98,5% de las empresas chilenas y generan 47% del empleo, de acuerdo con antecedentes del Ministerio de Economía.
También existe una enorme diferencia de productividad. Según la Encuesta Longitudinal de Empresas del mismo ministerio, una gran empresa genera aproximadamente $66 millones de valor agregado anual por trabajador; una mediana, $30 millones; una pequeña, $21 millones; y una microempresa, $22 millones.
Eso no significa que una persona que trabaja en una gran compañía se esfuerce tres veces más. La productividad depende también de tecnología, capital, escala, financiamiento, organización y gestión.
Pero la consecuencia económica es evidente: el mismo aumento de costos pesa mucho más donde cada trabajador genera menos valor.
Y los datos muestran dónde está siendo más difícil crear puestos. En diciembre pasado, la creación neta de empleo fue de -3,8 puntos porcentuales en las microempresas, -1,2 en las pequeñas, -0,4 en las medianas y apenas -0,1 en las grandes, según el INE.
Eso no demuestra que la regulación sea la única causa. Sí muestra que la debilidad laboral golpea con mucha mayor intensidad a las empresas pequeñas.
Y existe un empleo que ninguna estadística alcanza a registrar.
Cuando una pequeña empresa decide no incorporar al sexto trabajador porque los números no dan, no hay despido ni finiquito.
Ese puesto simplemente nunca nació.
El 23 de septiembre participé en una charla del subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, donde planteó una idea tan simple como potente: buena parte de la economía funciona sobre reglas.
Las reglas fijan costos, plazos, obligaciones e incentivos. Pueden facilitar una inversión, acelerar un proyecto o hacer más viable una contratación. Pero también pueden producir el efecto contrario.
Las reglas económicas tienen consecuencias. Pueden facilitar inversión y empleo o hacerlos más difíciles.
El Gobierno ya reconoció la urgencia.
El proyecto de Presupuesto 2027 señala que existen 980 mil personas buscando trabajo y que Chile lleva más de tres años y medio con desempleo sobre 8%. Destina $9,5 billones a crecimiento, trabajo y reconstrucción, sostiene el Plan Chile Despega —$1,3 billones y una meta superior a 100 mil empleos— y anuncia 241 obras públicas que se pretende adelantar para generar actividad.
El sector privado también está reaccionando con propuestas para acelerar inversiones, desarrollar competencias, facilitar contrataciones y conectar empresas con trabajadores.
El diagnóstico ya está sobre la mesa.
Ahora importa una palabra: Velocidad.
Cuando cerca de un millón de personas busca trabajo, seis meses de espera no son sólo seis meses en un expediente. Para una familia pueden significar medio año sin ingreso estable, sin cotizaciones y, muchas veces, aceptando informalidad porque no aparece otra alternativa.
En empleo, la velocidad también es política pública.
Las medidas de emergencia deben ejecutarse ahora. Pero simultáneamente Chile necesita avanzar hacia una reforma al empleo.
No para quitar derechos, sino para incorporar una pregunta que hemos dejado demasiado tiempo en segundo plano:
¿Qué efecto tienen nuestras decisiones sobre la posibilidad de crear el siguiente puesto de trabajo?
Propongo comenzar por tres decisiones.
Primero, hacer más fácil contratar. Revisar el costo y la regulación acumulada del empleo formal, reconociendo que una microempresa no tiene la misma capacidad financiera y administrativa que una gran compañía. Toda nueva norma laboral relevante debería evaluar previamente su impacto sobre contratación, informalidad, productividad y empresas de distinto tamaño.
Segundo, capacitar y elevar productividad. Chile no necesita simplemente más cursos: necesita personas empleadas y empresas capaces de producir más. En Tarapacá eso significa formar para necesidades reales de minería, logística, puerto, ZOFRI, construcción y servicios; incorporar tecnología y mejor gestión; y medir los programas por inserción laboral, no sólo por certificados entregados.
Tercero, poner la inversión a trabajar ahora. Identificar proyectos públicos y privados en condiciones de comenzar y resolver oportunamente permisos, coordinaciones y decisiones pendientes. Fiscalizar bien no significa tramitar eternamente. Una inversión que comienza seis meses antes puede significar trabajadores contratados seis meses antes.
Tarapacá obliga a mirar este problema con mayor precisión.
En junio-agosto tuvimos 16.401 personas desocupadas y una tasa de 7,8%, inferior al 9,6% nacional. Además, el número total de ocupados aumentó 2,2%. Esa es una buena noticia.
Pero importa observar qué tipo de ocupación estamos creando.
La región tiene 59.127 trabajadores informales, equivalentes al 30,6% de los ocupados. En doce meses, la informalidad aumentó 6,4%; los asalariados informales crecieron 33,5%, mientras los asalariados formales disminuyeron 0,7%.
Ahí está la versión regional del problema.
Podemos crear ocupación y, simultáneamente, perder empleo asalariado formal.
Conseguir alguna pega y conseguir un buen empleo no son necesariamente lo mismo.
Por eso sería un error esperar a que Chile cruce el 10% de desempleo para actuar con toda la fuerza disponible.
Durante años hemos discutido, legítimamente, cómo mejorar las condiciones de quienes ya tienen trabajo. Hoy debemos agregar otra pregunta:
¿Cómo hacemos para que más personas tengan un trabajo que proteger?
La respuesta puede comenzar con tres verbos fáciles de recordar: contratar, capacitar e invertir.
El Gobierno tiene instrumentos. Las empresas pueden generar oportunidades. Los trabajadores necesitan el puesto.
Hay que conseguir que esas tres cosas se encuentren.
Y hacerlo rápido.
Chile necesita una reforma al empleo.
Y necesita empezarla ahora.
*Por René Ávila Álvarez
Ingeniero Comercial, MBA, fundador de CEDET Tarapacá y director de la Cámara de Industria de Alto Hospicio (CIAH).
