- La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente subrayó que “deben existir mecanismos idóneos para controlar que esos recursos sean bien utilizados y se orienten al bien común”.
- Se refirió a “la configuración de una política pública integral y coordinada, que conjugue la existencia armónica de normas sobre transparencia, probidad y anticorrupción”.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, se refirió a la atención que deben prestar autoridades e instituciones, coordinadas en un ecosistema de integridad y transparencia, a las compras públicas y grandes contrataciones en materia de transparencia, en el que se entrecruzan los intereses de las empresas y las necesidades del Estado.
A juicio de la titular del CPLT, las compras y grandes licitaciones configuran un espacio que exige especial atención, aún más en el marco de la pandemia por Covid-19, contexto en el que el Estado ha buscado acelerar acciones que involucran grandes cantidad de recursos con la finalidad de responder a las necesidades de las personas derivadas de la emergencia sanitaria, social y económica.
De la Fuente detalló que en foros internacionales de organismos de transparencia e integridad, han identificado una tendencia a la superposición de “necesidades apremiantes” y un aumento del gasto público, lo que describe como “terreno fértil para eventuales irregularidades”.
Ante ello y dada la crisis de confianza que atraviesa el país, la presidenta del Consejo planteó que organismos como el que lidera y otras entidades públicas deben “estar prestos a desarrollar herramientas potentes y efectivas de control para precaver y combatir el mal uso de los recursos públicos y la corrupción”.
Se refirió en particular a procesos licitatorios y apuntó al respecto que “para impedir que las grandes licitaciones impulsadas por el Estado, como las de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Registro Civil, Carabineros, entre otras, vuelvan a ser foco de cuestionamientos, deben existir mecanismos idóneos para controlar que esos recursos sean bien utilizados y se orienten al bien común”.
En este sentido, comentó que el Consejo ha presentado propuestas para elevar los estándares de transparencia a través de recomendaciones directas a las instituciones que realizan grandes contrataciones, como el Registro Civil, y ha aportado con propuestas normativas tanto a la Ley de Transparencia 2.0 como a la regulación que moderniza las compras públicas. Esto, dado que “la transparencia y el acceso a la información son, precisamente, de los mecanismos más eficaces para salvaguardar el buen uso de los dineros del Estado y garantizar un correcto ejercicio de las funciones públicas”.
Transparencia, integridad y mayor control social
La titular del organismo agregó que “frente a grandes riesgos, necesitamos grandes soluciones”. “Sistemas más robustos en transparencia e integridad”, afirmó De la Fuente. “Es fundamental que, a la base de las grandes compras del Estado, se erija un ecosistema de transparencia e integridad pública, mediante la configuración de una política pública integral y coordinada, que conjugue la existencia armónica de normas sobre transparencia, probidad y anticorrupción”, concluyó en una columna de opinión.
