Los mensajes de texto utilizados para cometer fraudes se han convertido en una preocupación para usuarios y autoridades en Chile. La facilidad con que estas comunicaciones llegan directamente al celular ha vuelto a poner el foco en los mecanismos utilizados para engañar a sus destinatarios.
El fenómeno también llegó al Congreso. Parlamentarios presentaron una iniciativa que propone sancionar estas conductas, incluso cuando no se concrete un perjuicio económico y busca que las compañías de telecomunicaciones adopten medidas para detectar y bloquear envíos masivos asociados a actividades fraudulentas.
Alejandro Reid, doctor en Comunicación y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Uandes), explica en qué consiste esta práctica: “El smishing (la sigla viene de SMS phishing) es un tipo de estafa digital donde se envía un SMS con el objetivo de que las personas entreguen sus datos, envíen dinero o se metan a enlaces peligrosos”.
Respecto de su alcance, el especialista sostiene que uno de cada cuatro usuarios de celulares en Chile ha caído en alguna de estas trampas y apunta a los adultos mayores como el grupo más propenso a convertirse en víctima.
¿QUÉ SEÑALES PUEDEN AYUDAR A RECONOCER UN INTENTO DE SMISHING?
Una de las tácticas utilizadas consiste en generar presión para que la persona actúe sin detenerse a comprobar lo que está viendo. “Lo más importante es no caer en la urgencia del mensaje. El sistema está bien diseñado, urge por el pago, el pago parece menor en la plataforma, pero luego se ejecuta un pago mayor”, señala Reid.
Los pretextos pueden adoptar distintas formas. Direcciones de entrega incompletas, supuestas infracciones por circular sin TAG o puntos próximos a vencer son algunos de los ejemplos mencionados por el académico de la Uandes.
Dar con quienes están detrás de estas redes supone otra dificultad. La infraestructura de mensajería funciona a escala mundial, por lo que los envíos pueden originarse dentro o fuera del país. A ello se suman plataformas pagadas de distribución masiva que, según Reid, no registran los antecedentes de quien contrata el servicio, además de direcciones web maliciosas cuya desactivación no es inmediata.
Frente a la discusión legislativa, el experto valora que se busque actuar antes de que el delito consiga su objetivo y perseguir a las organizaciones responsables. También plantea revisar qué datos se exigen para contratar sistemas de difusión a gran escala y crear un mecanismo para denunciar números utilizados con estos fines.
“El bloqueo de las URL fraudulentas es importante, un proceso que sea automático, que a más de un cierto número de reclamos bloquee automáticamente la URL, como hoy se puede hacer en WhatsApp”, sostiene Reid.
