La ministra de Salud, May Chomalí, anunció ante la Comisión de Salud del Senado en la jornada de ayer la resolución final del ajuste presupuestario de la cartera, informando que no habrá un recorte del 3%, sino de un 2,5%. En este contexto, la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes (Uandes), Claudia Rodríguez, manifestó su preocupación por los efectos que esta medida podría tener en el sistema.
Desde una perspectiva de salud pública, la académica señaló que “nos preocupa” esta decisión, ya que, idealmente, “esperábamos que la reducción fuera cero en el Ministerio de Salud”, considerando la alta demanda que enfrenta la cartera. En esa línea, advirtió que el sistema no solo debe responder a la carga de enfermedad, sino también sostener estrategias de promoción, prevención y programas asociados, además de mejorar indicadores poblacionales que hoy no son tan positivos como se quisiera.
Rodríguez enfatizó que, aunque el ajuste es menor al inicialmente propuesto, “estas reducciones, aunque sean pequeñas, sin duda van a afectar las funciones esenciales del sistema de salud”. Asimismo, recalcó la importancia de conocer en detalle dónde y cómo se aplicará el recorte, ya que este tipo de decisiones suele desplazar el foco desde una mirada preventiva hacia una reactiva, lo que implica llegar tarde a los problemas de salud y encarecer el sistema a mediano plazo.
EFECTOS A MEDIANO LARGO PLAZO
En ese contexto, advirtió que áreas clave podrían verse impactadas, especialmente aquellas vinculadas a la promoción y prevención, como programas de vacunación, campañas y estrategias de salud comunitaria. Según explicó, aunque los efectos de estos recortes no son inmediatos, “se ven a mediano plazo” y pueden resultar críticos al debilitar las estrategias que buscan evitar el deterioro de la salud de la población.
Si bien valoró el esfuerzo de la autoridad por reducir el ajuste inicial, la especialista subrayó que persiste la incertidumbre sobre qué programas serán afectados. Por ello, hizo un llamado a que cualquier revisión presupuestaria priorice la salud de la población y evite decisiones que puedan traducirse en un aumento de la morbimortalidad y en mayores costos futuros para el sistema.
