Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa avanzando en el procesamiento de las actas de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el país aún está lejos de conocer oficialmente quién será el próximo presidente de la República. La razón no está únicamente en el conteo de votos pendientes, sino en la revisión de más de 1.500 actas observadas e impugnadas que ya fueron remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación.
El escenario cobra especial relevancia debido a la ajustada disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que mantiene la expectativa en todo el país. Según especialistas en derecho electoral, la resolución de estos expedientes podría extenderse por al menos dos semanas e incluso prolongarse más si se presentan apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Mientras tanto, cientos de miles de votos continúan fuera del cómputo oficial.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que más de 1.500 actas fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión. Dentro de este grupo se encuentran tanto las actas observadas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) como aquellas que fueron impugnadas por los personeros de las organizaciones políticas participantes.
Las observaciones suelen originarse por errores materiales detectados durante el escrutinio. Entre los casos más frecuentes figuran inconsistencias numéricas, problemas de legibilidad, ausencia de firmas o discrepancias entre las cifras registradas.
Especialistas explican que estos casos pueden solucionarse mediante procedimientos de cotejo documental y verificaciones adicionales. Cuando las diferencias corresponden a operaciones matemáticas o errores de sumas y restas, la normativa permite efectuar revisiones más exhaustivas con participación de los representantes de ambas agrupaciones políticas involucradas.
Sin embargo, el procedimiento requiere que cada expediente sea evaluado individualmente por los Jurados Electorales Especiales, lo que demanda tiempo. De acuerdo con estimaciones realizadas por expertos en materia electoral, el proceso difícilmente podría concluir en menos de dos semanas.
“Considerando que hay un proceso de carga que tiene actas observadas que deben ser remitidas a los jurados electorales especiales, yo calculo que esto no puede demorar menos de dos semanas”, señalaron especialistas consultados sobre el avance del proceso electoral.
La magnitud del caso resulta significativa si se considera que cada acta electoral representa, en promedio, alrededor de 300 electores. Según los primeros reportes de la ONPE, más de 450 mil votos todavía permanecen pendientes de incorporación al resultado general debido a que forman parte de expedientes que aún deben ser resueltos por las autoridades electorales.
Además de las observaciones técnicas, otro grupo importante corresponde a las actas impugnadas por los personeros de los partidos políticos. En estos casos, los representantes de las organizaciones alegan presuntas irregularidades ocurridas durante la jornada electoral y solicitan que se declare la nulidad de determinadas mesas de sufragio.
El abogado especialista en derecho electoral José Tello explicó que la legislación peruana contempla situaciones específicas que podrían justificar una nulidad de mesa.
Entre ellas figura la instalación de una mesa de sufragio después del mediodía o en un lugar distinto al previamente autorizado. También se consideran causales los casos en los que los miembros de mesa orientan o condicionan el voto de los ciudadanos.
Asimismo, la normativa contempla situaciones relacionadas con el padrón electoral. Por ejemplo, cuando se impide votar a un elector que figura correctamente registrado en la mesa correspondiente o cuando se permite sufragar a una persona que no aparece en dicho padrón.
“Si además se impide que una persona vote siendo un elector del padrón de esa mesa o se hace que una persona que no esté en el padrón vote, también se configura esta nulidad que tiene que ser claramente evidenciada en mesa de sufragio”, explicó el especialista.
Todos estos argumentos deberán ser analizados inicialmente por los Jurados Electorales Especiales. Posteriormente, las agrupaciones políticas que no estén conformes con los fallos podrán presentar recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones, organismo que actúa como última instancia.
Por ello, los especialistas consideran razonable que las autoridades electorales proyecten un plazo más amplio para la conclusión definitiva del proceso. Según estimaciones realizadas por expertos, la resolución de las observaciones podría tomar entre dos y tres semanas, mientras que las eventuales apelaciones podrían extender aún más los tiempos.
Este escenario explica por qué alcanzar el 100% de actas procesadas por parte de la ONPE no significa necesariamente que exista un ganador oficial. Aunque todos los registros ingresen al sistema informático, todavía será necesario esperar las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales y, de ser el caso, los pronunciamientos finales del JNE. (Consignado por www.infobae.com)
