Los parlamentarios votaron los cuatro capítulos del libelo, manifestando su rechazo mayoritario. En la argumentación, se expresaron diferencias en cuanto a la responsabilidad del economista en el manejo de las finanzas públicas.
Por rechazada dio la Sala del Senado la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto luego que se registrara la votación de los cuatro capítulos contemplados en el libelo presentado por diputados.
Votaron en forma individual cada uno de los cuatro capítulos, cuyo resultado fue el siguiente:
Capítulo 1: infracción del principio de probidad establecido en la Constitución (16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones)
Capítulo 2: vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado (9 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones)
Capítulo 3: vulneración del principio de universalidad presupuestaria (16 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones)
Capítulo 4: vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales (10 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones).
En el debate desarrollado en la sesión especial, la senadora Claudia Pascual y el senador Vlado Mirosevic se inhabilitaron de votar. Previamente, el senador Luciano Cruz Coke también hizo lo propio.
A favor de la sanción (inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años), se pronunció un grupo de congresistas que aseguraron que la deficiente gestión financiera exige a la exautoridad asumir su responsabilidad política. En tanto, aquellos que desestimaron el libelo, plantearon que «no existen fundamentos que demuestren que Grau haya faltado a la ley y la Constitución» insistiéndose en que se debe actuar con seriedad cuando se presente un libelo.
En el debate argumentaron su votación, las y los siguientes senadores:
Pedro Araya
“Nadie puede desconocer que han existido proyecciones discutibles o estimaciones que debieron corregirse y hay una discusión legitima sobre la conducción económica, la responsabilidad fiscal y la calidad de la información presupuestaria, pero es no basta para configurar una AC. (…) No toda crítica política puede convertirse en una condena institucional”.
Matías Walker
“Como Senado no podemos contribuir a convertir este mecanismo excepcional de responsabilidad constitucional, en una herramienta de mayorías circunstanciales para cuestionar decisiones técnicas, opciones de política pública o la conducción de gobiernos legítimamente elegidos» y anunció su voto en contra.
Carlos Kuschel
“Puesto en esta encrucijada, anuncio mi voto favorable en cada uno de los capítulos de esta acusación. Pienso que incumplió sus deberes constitucionales y legales de: dirección, coordinación, supervisión y control respecto de la programación financiera. Esto lo hice presente en cada una de las discusiones presupuestarias del gobierno pasado”.
Vanessa Kaiser
“¿Qué inversionistas van a invertir en un país en donde no se cobran las responsabilidades? Necesitamos seriedad y la responsabilidad que hoy queremos exigirle a cada persona que no pagan el Transantiago, no podemos dejar de exigirla aquí. Voy a votar a favor de esta acusación constitucional”.
Beatriz Sánchez
“Las acusaciones parecieran una forma política de desgaste, por eso la necesidad de mejorar la forma en que se llevan (…) y esta acusación se delata a sí misma, reconoce que lo que imputa es el mal desempeño del cargo… que no es causal de una AC. Rechazaré los cuatro capítulos que buscan un castigo que -a todas luces- sería muy injusto”.
Gastón Saavedra
“Las acusaciones fueron diseñadas como un último recurso para infraccionar a las autoridades. Esta acusación no reconoce las herramientas de proyección económica. Sostener que una discrepancia metodológica es una infracción a las leyes, desvirtúa el rol de las acusaciones. ¿Quién va a querer asumir el ministerio de Hacienda con este precedente?”.
Andrés Longton
“El exministro debía custodiar la credibilidad de las finanzas públicas. El desempeño fiscal fue profundamente deficiente, pero al mismo tiempo, una pésima gestión económica no corresponde a una infracción constitucional. Si cada diferencia se traduce en una herramienta de destitución, desacreditamos el fin de la acusación constitucional”.
Cristián Vial
“Creo que esta acusación nos desvía de lo importante. El CFA dijo que no había descuadre de las finanzas. Se acreditó que las mayores presiones de gasto no fueron integradas en las proyecciones. En la defensa del exministro se dice que las proyecciones dependen de la Dipres y no el ministro, creo que eso es errado. Creo que el ministro Marcel tiene responsabilidad también”.
Fabiola Campillai
“El CFA concluyó que no existen errores de cálculo. Más de 50 economistas apoyan aquello diciendo que una proyección no siempre se cumple como se espera y ello no es una infracción constitucional. Si fuera así, deberíamos haber desestimado a los últimos ministros de Hacienda de los últimos 10 años. No se logra configurar responsabilidad”.
Yasna Provoste
“Esto no es una tribuna para criticar a un ministro, deben demostrarse hechos concretos que representen una infracción a la ley y la constitución, y eso no se ha logrado acá. Lo que se reprocha es un mal manejo de las estimaciones fiscales, puede ser un reproche político. Jamás se puede trasformar un desacuerdo en una acusación constitucional. Me pregunto ¿por qué se esperó tanto tiempo para presentar el libelo?”.
Iván Flores
“Esto se debate en un momento complejo, cuando hemos escuchado que el gobierno ha venido intentando instalar la imagen de un país en quiebra, una economía en la UCI, que obliga a asumir una economía casi de guerra, que va colocando en el ideario la posibilidad de algunos retrocesos de logros alcanzados (…) El análisis responsable de esta AC remite, sin mayor dificultad, al rechazo”.
Francisco Huenchumilla
“Lo señalado por los diputados acusadores me torna difícil resolver los términos de esta controversia, porque que se señaló que se persigue la responsabilidad política y no la responsabilidad individual del exministro, ¡pero nosotros no estamos en un régimen parlamentario! (…) Además, se dijo que no se busca el dolo, pero el artículo 53 de la Constitución me obliga, como jurado, en determinar cuál es la culpabilidad”.
Diego Ibáñez
“Nuestra Constitución establece claramente las causales y aquí no ha habido infracción a la Constitución, ni malversación de fondos públicos, menos soborno (…) ¿Quién define que es una inconsistencia aritmética? (…) Si vamos a convertir cada desacuerdo de gestión en una AC no estamos fortaleciendo el control democrático”.
Andrea Balladares
“Hemos visto cómo este mecanismo se ha transformado cada vez en una extensión de la disputa política cotidiana. Cuando una herramienta excepcional se vuelve habitual, corre el riesgo de perder fuerza, legitimidad y eficacia. (…) Sería un error confundir mi decisión en esta AC con una evaluación favorable del exministro Grau, la realidad es exactamente la contraria”.
Ricardo Célis
“Como diputado, voté la AC contra el exministro Mañalich y, transcurrido el tiempo, creo que fue un acto erróneo, porque lo que estábamos juzgando tenía que ver con los actos de gestión y lo propio con la cartera, en medio de una situación particularmente grave, como la pandemia; entonces, hoy tengo la convicción que acusar a un ministro por actos que le son propios y que tienen que ver con la gestión… es un abuso, más bien, de orden político”.
Juan Luis Castro
“Voy a rechazar todos los capítulos. Esta herramienta constitucional exige un estándar jurídico mucho más alto. Que haya una discusión fiscal no avala una acusación. Que los cálculos sean distintos, no implica que se haya actuado con dolo. No se ha demostrado que se haya ejecutado gasto sin autorización legal. La acusación es una herramienta excepcional, no puedo decir que hubo una infracción del exministro. No podemos sentar un precedente tan grave”.
Sergio Gahona
“Acá no le ponemos nota a la gestión del exministro, lo que esta Sala debe resolver es si esta autoridad cumplió las leyes y la Constitución. Creo que dos de los cuatro capítulos demuestran que no se cumplieron. No es responsable cerrar la caja y entregar información errónea al gobierno que viene, esa es una infracción. La universalidad presupuestaria es el capítulo más sólido. Legislamos sobre una cifra equivocada y eso es grave”.
Karim Bianchi
“El estándar de la acusación no da para mucho más. Se ha tratado de vincular el proyecto de endeudamiento y la reforma tributaria, con esta acusación. En lo jurídico, esta acusación no se sustenta porque quiere dar a entender que una gestión deficiente es un delito. Nunca he votado en contra de un libelo, pero en este caso es evidente la falta de fundamentos”.
Esteban Velásquez
“Esta no es una instancia para resolver diferencias técnicas, eso debe canalizarse en el debate presupuestario o las comisiones investigadoras. Se confunde el principio de transparencia con la naturaleza de las proyecciones. Debe demostrarse la entrega de información falsa con dolo. Sobre las presiones de gasto, las estimaciones están sujetas a incertidumbre. Es preocupante el lenguaje y actitud de este ambiente”.
Paulina Vodanovic
“Al conocer esta acusación, creo que hay que partir diciendo que el Senado no está llamado a emitir una opinión económica de un gobierno, sino que actuamos como jurado respecto a la responsabilidad de un exministro. Se debe entender que es un mecanismo excepcional. Las estimaciones son eso, pueden discutirse, auditarse, pero una cosa es fiscalizar con rigor y otra es transformar una diferencia en una infracción”.
Alejandra Sepúlveda
“La ciudadanía no entiende cómo hoy estamos acá, frente a esta mega reforma que traerá déficit fiscal inimaginables; la reforma laboral donde los derechos de trabajadores van a ir disminuyendo, la sala cuna que será pagada por trabajadoras, los recortes presupuestarios de los ministerios, la seguridad… Estos son los temas que la ciudadanía nos está pidiendo que representemos en este parlamento”.
Camila Flores
“Del análisis exhaustivo que he efectuado a los cuatro capítulos, puedo señalar que me he formado la convicción de que esta acusación constitucional debe ser aprobada, aun cuando ser consecuente con las ideas y convicciones, muchas veces, tengan consecuencias personales para cada uno de nosotros”.
Vlado Mirosevic
“Tras revisar los antecedentes y escuchar a los expertos, tengo claro que no existe tal infracción. (…) No estoy forzado a inhabilitarme; sin embargo, dado que anticipen mi decisión en público, no quiero violar esa tradición del Senado; además, no quiero que mi voto represente una justificación por parte de aquellos que quieren ganar por secretaria”.
Fidel Espinoza
“También nosotros hemos sido parte de AC que no tenían los méritos suficientes. En política hay decisiones que el tiempo obliga a revisar. (…) Respecto a la AC, revisados los antecedentes, no se advierten infracciones constitucionales o legales, lo no significa compartir las decisiones del exministro Grau”.
Claudia Pascual
“Sin perjuicio de la falta de normas expresas de inhabilidad, sí hay normas de responsabilidad democrática e imparcialidad (…) Expreso en esta sala que he decidido inhabilitarme por mi vínculo de consanguineidad en cuarto grado colateral con el exministro Grau, nivel de exigencia aun mayor que las reglas generales sobre grados de consanguineidad”.
Sergio Gahona
“Mi deber no es actuar con cálculo político sino con prudencia. He revisado los capítulos, veo cifras que no cuadran, pero el exministro no parece haber actuado con dolo y no me parece justo inhabilitarlo para ejercer cargos públicos. Esta acusación no alcanza el estándar necesario. Estamos en presencia de una mala gobernanza que ello no puede atribuirse solo a él”.
Loreto Carvajal
“Hay un dejo de falta de solidez en la presentación. Se requieren requisitos fundantes de una acusación constitucional. Se ha hablado de la carencia de sustento jurídico y lo complejo que puede ser penalizar las proyecciones económicas. No se demuestra una acción particular del exministro que hable de un delito. Esto puede ser un precedente peligroso para la política fiscal”.
Javier Macaya
“No voy a votar todo del mismo modo porque las causales son taxativas: los capítulos uno y tres los votaré a favor. He apoyado varias reformas constitucionales por el abuso de esta herramienta. Me parece que la inhabilidad de 5 años es excesiva. La responsabilidad de un ministro que ve las finanzas públicas es delicada. El ministro Marcel también es responsable. No se juzgan los resultados de una proyección sino los insumos que se usaron para el erario vigente”.
Paulina Núñez
“Para el Senado esta es una responsabilidad, no se trata de una mayoría circunstancial ni presiones políticas. Deben escucharse los argumentos y resolver de acuerdo a la ley y la Constitución, y la conciencia de cada uno. El Senado no puede actuar por la temperatura de las redes sociales. No se vota lo que uno cree, se está ejerciendo una herramienta excepcional. No basta con decir que hubo errores para acusar. No todo error implica responsabilidad jurídica”.
(Fuente: Senado de la República)
Senadora Danisa Astudillo se refiere al rechazo de la Acusación Constitucional en contra del ex ministro Grau: “Una soberana pérdida de tiempo”
«Una soberana pérdida de tiempo y de recursos la jornada de hoy. Ya van 10 Acusaciones Constitucionales que ha presentado la derecha sin ningún fundamento. Y esto lo único que hace es hacer perder el tiempo», afirmó.
