Por Claudia Santibáñez Varnero, Ingeniería Ambiental Universidad Andrés Bello
Durante décadas hablamos de la crisis ambiental como si fuera una suma de problemas separados: cambio climático evidenciado por los últimos fenómenos meteorológicos ocurridos en el país; pérdida de biodiversidad, escasez de agua, contaminación. Pero el informe Planetary Health Check 2026 nos obliga a mirar el panorama completo. Siete de los nueve límites planetarios que permiten mantener la estabilidad y resiliencia de la Tierra ya han sido sobrepasados, y todos ellos presentan hoy sus mayores niveles de transgresión registrados.
El diagnóstico preocupa porque los límites que ya fueron sobrepasados continúan deteriorándose, el más reciente de ellos, la acidificación de los océanos cruzó el límite seguro el 2025. Existe una clara señal de que la presión sobre los sistemas que sostienen la vida en el planeta no solo persiste, sino que sigue aumentando.
Pero los límites planetarios no se cruzan en un lugar abstracto o ajeno, se traspasan a través de decisiones concretas sobre cómo producimos, consumimos y ocupamos los territorios. Y ahí Chile tiene mucho que preguntarse.
Nuestro país conoce bien las señales de esta crisis. Quince años de megasequía, seguidos de inusuales precipitaciones, incendios cada vez más severos y una creciente presión sobre el agua y los ecosistemas forman parte de una realidad que ya no puede explicarse como una anomalía. Al mismo tiempo, Chile ha fortalecido su institucionalidad ambiental y aspira a desempeñar un papel relevante en la transición energética global.
Esa es una de nuestras mayores contradicciones. Chile posee recursos estratégicos para una economía baja en carbono: cobre, litio y un enorme potencial de energías renovables e hidrógeno verde. Pero que una actividad contribuya a descarbonizar la economía mundial no significa automáticamente que sea sostenible. La transición energética también demanda territorio, agua, minerales e infraestructura, y puede generar nuevas presiones sobre ecosistemas y comunidades.
Ya no basta con saber cuánto carbono evita una tecnología o cuánto crecimiento genera una inversión. También debemos preguntarnos qué ocurre con el agua, la biodiversidad, el suelo, los océanos y las sustancias que introducimos al ambiente. Una solución climática que profundiza otros desequilibrios ambientales puede terminar desplazando el problema en lugar de resolverlo.
Chile ha avanzado con instrumentos como la Ley Marco de Cambio Climático y una institucionalidad fortalecida para la protección de la biodiversidad. Son pasos importantes, pero el diagnóstico planetario exige algo más profundo: incorporar los límites ecológicos en las decisiones económicas y territoriales, y no tratarlos como restricciones que se revisan una vez definida la inversión.
Quizás esa sea la principal interpelación que deja el informe 2026. Durante demasiado tiempo hemos discutido cómo reducir los impactos del desarrollo. La pregunta que comienza a imponerse es, ¿qué tipo de desarrollo es posible dentro de los límites de los sistemas naturales que lo sostienen?
