En la columna anterior señalábamos que Chile enfrenta una disyuntiva clara: Seguir reconstruyendo con más impuestos y burocracia, o volver a poner el crecimiento, la inversión y el empleo en el centro del debate.
La ley de reconstrucción presentada el pasado 22 de abril por el Presidente José Antonio Kast avanza en esa dirección. No es solo una respuesta a emergencias: Es una apuesta por reactivar la economía.
Para Tarapacá, esa apuesta no es teórica, es urgente. Como toda política pública, conlleva riesgos que vale la pena mirar de frente.
Los datos regionales lo confirman. Según el informe del Banco Central publicado en abril de 2026, la Región de Tarapacá registró en 2025 una contracción del PIB del 8,3%, la mayor caída del país, explicada principalmente por el desempeño del sector minero. Este punto es clave: Mientras la minería explica esa caída, otros sectores también muestran señales de menor dinamismo. De hecho, según el INE Tarapacá (abril 2026), la carga movilizada por el Puerto de Iquique cayó 8,4% interanual en febrero. En una región donde comercio, zona franca y puertos son pilares, estas señales no pueden ser ignoradas.
A nivel país, el diagnóstico es conocido: Más de una década creciendo en torno al 2%, cerca de 860 mil personas buscando empleo y un déficit habitacional superior a 800 mil viviendas.
El proyecto de ley de Reconstrucción incluye medidas concretas: Incentivos a la inversión, agilización de permisos, exención transitoria de IVA a viviendas nuevas y subsidios al empleo formal. En una región donde miles de familias dependen de la construcción, el comercio y los servicios ligados a la minería y la zona franca, estas medidas no son abstractas: Son empleo directo y dinamismo en los puertos.
Son señales relevantes. Sin embargo, también deja preguntas abiertas que deben ser abordadas con seriedad. La reducción del impuesto corporativo será gradual y el impacto fiscal genera dudas legítimas sobre el financiamiento de servicios públicos e inversión regional. La gradualidad busca precisamente mitigar ese impacto, aunque será clave que el Congreso evalúe con rigor el financiamiento de los servicios públicos regionales.
Algunos critican que los incentivos beneficien principalmente a grandes empresas. En Tarapacá, sin embargo, la gran inversión y la economía local están estrechamente ligadas: La minería y la zona franca no operan en un vacío, sino que sostienen una cadena de empleo, servicios y comercio que llega a miles de familias de la región. Por eso, reactivar la inversión privada no es un favor a las empresas: Es una condición para que la economía regional funcione.
Cuando la inversión se detiene, se frena el empleo, el comercio y las oportunidades. Tarapacá tiene ventajas evidentes, pero requiere condiciones para desplegarlas.
El desafío no es debatir el crecimiento: Es hacerlo posible.
*René Ávila Álvarez es Ingeniero Comercial, MBA, Magíster en Comunicación Estratégica, consultor y gerente de ICB Food Service
