–La resolución del Segundo Tribunal Ambiental precisó que la minera podrá continuar ejecutando los componentes no cuestionados del proyecto de US$3.200 millones, mientras avanza la reevaluación ambiental vinculada a la planta desaladora y al medio humano.
El Segundo Tribunal Ambiental aclaró el alcance de la sentencia que anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, permitiendo la continuidad parcial de las obras asociadas a la iniciativa C20+ en la Región de Tarapacá.
La aclaración responde a un recurso presentado por la compañía minera luego de que, el pasado 15 de mayo, el tribunal acogiera parcialmente reclamaciones interpuestas por comunidades indígenas y ordenara retrotraer parte del proceso de evaluación ambiental del proyecto, cuya inversión supera los US$3.200 millones.
En la resolución emitida el 20 de mayo, el tribunal precisó que los aspectos de la evaluación ambiental que no fueron cuestionados podrán mantenerse vigentes, permitiendo a la empresa continuar ejecutando determinadas obras “bajo su riesgo” en los sectores Cordillera y Ductos, así como en los componentes no objetados del Sector Puerto Collahuasi.
La sentencia original había dejado sin efecto la RCA del proyecto y ordenado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizar un nuevo análisis respecto de observaciones asociadas al medio humano y a eventuales impactos sobre el medio marino, particularmente vinculados a comunidades indígenas costeras de la zona de Punta Patache.
Tras la aclaración, Collahuasi señaló que la anulación de la RCA “se encuentra acotada a materias vinculadas a la planta desaladora y al medio humano”, manteniéndose vigentes el resto de los aspectos contemplados en la autorización ambiental original.
La minera también confirmó que la construcción y pruebas de la planta desaladora permanecen detenidas desde la notificación de la sentencia, realizándose únicamente labores mínimas de mantención y seguridad. La infraestructura constituye uno de los componentes estratégicos del proyecto C20+, iniciativa orientada a extender por 20 años la vida útil de la operación y avanzar hacia el abastecimiento con agua desalada.
De acuerdo con antecedentes de la compañía, el proyecto considera una inversión cercana a US$3.200 millones y contempla una planta desaladora con capacidad de 1.050 litros por segundo, destinada a reducir el consumo de agua continental en las operaciones mineras ubicadas en la Región de Tarapacá.
En paralelo, distintos actores de la industria han manifestado preocupación por el impacto que este tipo de fallos podría tener sobre la certeza regulatoria y el desarrollo de inversiones estratégicas para el sector minero chileno. (Consignado por Revista Nueva Minería y Energía)
