El caso del ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, merece algo más que un comentario policial. Durante un violento “turbazo” en su domicilio, en que él y su hijo resultaron heridos, repelió eficazmente a los atacantes usando un arma legalmente inscrita.
Inmediatamente surge una pregunta incómoda: ¿qué habría ocurrido si no la hubiese tenido?
La respuesta probablemente sea tan evidente como políticamente incorrecta.
Durante años —y a lo largo de los cuatro anteriores gobiernos— una parte importante del discurso público trató la tenencia legal de armas como si el principal problema de seguridad del país fuese el ciudadano honesto que cumple con una normativa cada vez más agobiante; inscribe su arma, rinde exámenes, se somete a fiscalización y la utiliza responsablemente para deporte, caza o defensa.
Se instaló públicamente un dogma: más armas legales equivalían automáticamente a más violencia. Pero los hechos suelen ser ingratos con las consignas.
Las armas utilizadas por el crimen organizado son, en gran medida, hechizas, internadas ilegalmente o sustraídas desde organismos estatales. Es decir, el problema no es el ciudadano registrado, sino la incapacidad del Estado para controlar fronteras, combatir el tráfico y custodiar incluso su propio armamento.
Desde una perspectiva jurídica el asunto es todavía más complejo. El Estado moderno reclama para sí el monopolio legítimo de la fuerza. A cambio, promete protección. Ese es el pacto: el ciudadano renuncia a la autotutela y el Estado garantiza seguridad. Pero ¿qué ocurre cuando una de las partes incumple?
Porque la policía no estaba en la casa de Aróstica cuando ingresaron los delincuentes. Como ocurre siempre, el Estado llega después: toma declaraciones, levanta evidencia, realiza peritajes y comunica estadísticas. La protección efectiva —la única que importa cuando una puerta cae a las tres de la mañana— llegó desde otro lado.
Y aquí parece producirse un curioso giro. Recientes declaraciones del Ministro de Defensa sugieren un cambio de tono: pasar de la demonización automática de las armas hacia una mirada más elemental y sensata, distinguiendo entre el ciudadano que cumple la ley y el delincuente que vive precisamente de quebrantarla.
Curioso descubrimiento: los delincuentes no suelen llenar formularios ni registrar armas.
Nadie sensato desea una sociedad armada hasta los dientes. Pero tampoco una sociedad infantilizada, donde el ciudadano quede obligado a depender exclusivamente de una protección que demasiadas veces simplemente no llega.
Porque hay una pregunta que ninguna consigna responde: si el Estado falla en protegerte, ¿puede exigir también que renuncies a toda posibilidad razonable de protegerte a ti mismo?
