El presidente José Antonio Kast promulgó el jueves pasado la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad, situándola al mismo nivel que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). Con esta modificación, la institución pasa a depender del Ministerio de Seguridad, dejando su anterior vínculo con el Ministerio de Justicia.
Para Juan Ignacio Nicolosi, experto en seguridad y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes), el cambio representa una ventaja relevante, “es muy importante desde el punto de vista estratégico tener el control de la seguridad pública, la persecución penal y la reclusión de los internos en una misma estructura”. En esa línea, agrega que “te da la posibilidad de controlar todo ese proceso”, especialmente frente a fenómenos como el crimen organizado, que —advierte— también se articula al interior de las cárceles, siguiendo patrones observados en otros países de la región.
Sin embargo, el experto también advierte riesgos. “Poner todas estas instituciones bajo un mismo paraguas puede significar contaminación cruzada”, explica, apuntando a que problemas de corrupción detectados en Gendarmería podrían trasladarse a otras instituciones. “Los casos de corrupción que hemos visto en Gendarmería son bastante graves”, enfatiza, por lo que recalca la necesidad de mantener una diferenciación clara entre funciones, “juntos, pero no revueltos”.
En ese sentido, subraya que la coordinación institucional debe ir acompañada de estándares más altos de control y fiscalización. A su juicio, no basta con centralizar funciones, sino que también es clave evitar que debilidades estructurales de una institución impacten al resto del sistema de seguridad.
Reinserción social: foco en el Ministerio de Justicia
Respecto a la reinserción social, Nicolosi valora que esta se mantenga bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que permite “una focalización de los recursos” en un ámbito clave dentro de la cadena delictual. Asimismo, sostiene que este nuevo escenario debiera traducirse en mayores exigencias y resultados en esa área, considerando la complejidad de los procesos de rehabilitación.
Finalmente, el académico recuerda que “la huelga es ilegal para los funcionarios del Estado” y advierte que las instituciones de seguridad, incluida Gendarmería, deben priorizar el cumplimiento de sus funciones por sobre intereses gremiales. En esa línea, plantea que el nuevo marco institucional podría ayudar a ordenar el rol de estas organizaciones, evitando que se transformen en grupos de presión sobre la autoridad.
