Por Tomás Grandi, CEO de Sked24
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un aumento de 4,7% para Salud y considera la compra de prestaciones entre sus prioridades. La discusión sobre estos recursos debería detenerse en lo que ocurre entre la decisión de financiar una atención y el día en que una persona la recibe.
Si el Estado recurre a las clínicas para reducir las esperas, necesita saber qué atenciones pueden ofrecer, en qué lugares y dentro de qué plazos. Una hora libre tiene valor cuando corresponde a la especialidad que el paciente necesita, cuenta con los recursos para realizarla y puede asignarse a tiempo. Comprar prestaciones exige conocer esa disponibilidad con detalle.
Al comprar una prestación, el Estado debería poder saber quién se hará cargo de contactar al paciente, agendarlo y resolver las dificultades que puedan impedir su asistencia. Son tareas que deben quedar acordadas con el prestador desde el inicio, junto con el precio y los plazos. De lo contrario, se corre el riesgo de financiar horas que quedan disponibles mientras las personas siguen esperando.
Los prestadores privados también tienen una tarea. Antes de comprometer capacidad, deberían poder identificar qué disponibilidad pueden sostener y cómo responderán ante una cancelación. Saber cuántas horas se ofrecen es apenas el comienzo; hay que poder seguir cada derivación hasta que la atención se concrete y devolver la información necesaria para continuar el tratamiento.
Una ficha clínica compartida puede ayudar, pero su utilidad dependerá de cómo se gestionen las atenciones necesarias para aumentar el acceso a la salud. La discusión presupuestaria debe tratar también de quién se hará responsable de cada paso, qué información necesitará y cómo se resolverán las dificultades del paciente.
La evaluación debería permitir conocer cuántas personas fueron atendidas, cuánto esperaron y qué ocurrió después. Ahí podremos juzgar si los recursos adicionales consiguieron aquello que justifica su inversión y si llegaron a quienes necesitaban atención.
