-Las licencias médicas necesitan menos espacios para el abuso y más certezas para quienes por salud y protección laboral dependen legítimamente de ellas.
Las licencias médicas cumplen una función indispensable: proteger a quien enfrenta una enfermedad y permitirle recuperar su salud sin quedar desprotegido económicamente. Precisamente por eso, cuando se utilizan sin justificación sanitaria, el problema no es solo el gasto que generan. También se deteriora la confianza en una prestación necesaria para millones de personas y se tensiona la legitimidad de un sistema que debe funcionar sobre la base de reglas claras.
Los resultados del capítulo sobre licencias médicas de la Décimo Séptima Encuesta Nacional de Salud UNAB-Ipsos muestran que todavía existe un espacio relevante para el abuso. Un 47% de las personas considera fácil o muy fácil comprar una licencia directamente con médicos que se dedican a ello. La misma proporción cree que es fácil o muy fácil obtenerla mediante una página de internet o conseguir una licencia injustificada con un médico amigo. Otro 37% percibe esa facilidad en una consulta médica o centro de salud, aun sin estar enfermo.
Si bien estos resultados no constituyen una medición de fraude efectivo, sino de la percepción ciudadana. Esto nos dice algo sobre el funcionamiento de las instituciones y su relación con sus beneficiarios: si una parte importante de la población cree que existen mecanismos accesibles para obtener una licencia injustificada, significa que persisten brechas de control y una idea de que estas conductas no siempre tienen consecuencias relevantes.
Con todo hay señales alentadoras. En comparación con 2024, la percepción de facilidad disminuye en todos los mecanismos consultados. La mayor baja se registra en la compra por internet, con 10 puntos porcentuales menos, seguida por la obtención de una licencia injustificada con un médico amigo, que cae 9 puntos. También disminuye en 7 puntos la percepción de facilidad para comprarla directamente con médicos que se dedican a ello y en 6 puntos la posibilidad de conseguirla en una consulta sin estar enfermo.
El cambio también aparece en la experiencia cercana de las personas. En 2024, un 47% decía conocer a alguien que, sin estar enfermo, se había conseguido o comprado una licencia para ausentarse del trabajo. En 2026 esa cifra baja a 37%. Quienes conocen a alguien que la compró pasan de 34% a 20%.
Sin embargo, sería prematuro interpretar estas cifras como la solución definitiva del problema. Esta caída puede reflejar el efecto de una mayor fiscalización, de las investigaciones conocidas y de una mayor conciencia sobre las consecuencias del mal uso. Pero existe el riesgo de que, pasado su impacto inicial, las malas prácticas tiendan nuevamente a normalizarse.
Ese riesgo adquiere especial relevancia porque la valoración social sigue siendo ambivalente. Un 33% considera que comprar o conseguir una licencia médica es un delito que debe ser castigado, mientras 28% lo califica de inaceptable en cualquier situación, aunque no delito. Al mismo tiempo que un 30% todavía considera que puede ser aceptable en determinadas circunstancias, como el cuidado de seres queridos. El problema, por tanto, no es únicamente institucional. También existe una dimensión cultural que debe abordarse.
Por eso, la respuesta no puede descansar exclusivamente en aumentar las fiscalizaciones. La fiscalización es necesaria, pero debe formar parte de una política más amplia que revise los incentivos del subsidio por incapacidad laboral, incluyendo aspectos como las tasas de reemplazo y los períodos de carencia. También se requiere formalizar los mecanismos de control, fortalecer la protocolización del otorgamiento de licencias y establecer sanciones proporcionales y efectivas ahora para quienes abusan del sistema.
La propia encuesta evidencia una percepción dividida sobre la fiscalización: 33% la evalúa positivamente, mientras 32% la considera poco o nada efectiva. Esa división debiera ser una señal para avanzar desde controles reactivos hacia un sistema capaz de detectar tempranamente patrones anómalos y cerrar los espacios que permiten su reproducción.
El objetivo no debe ser restringir el acceso legítimo a una licencia médica. Debe ser protegerla como instrumento de seguridad social, asegurando que llegue a quienes realmente la necesitan. Reducir el abuso libera recursos que pueden destinarse a otras necesidades sanitarias y contribuye a recuperar la confianza en las instituciones.
La evidencia disponible muestra que es posible avanzar. Ahora el desafío es evitar retrocesos y convertir esta disminución en un cambio permanente. Para ello se requiere una combinación de fiscalización efectiva, mejores reglas e incentivos adecuados. Sin esa mirada integral, el sistema puede volver a enfrentar el mismo problema cuando disminuya la presión pública. Las licencias médicas necesitan menos espacios para el abuso y más certezas para quienes por salud y protección laboral dependen legítimamente de ellas.
Por Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y Manuel Inostroza, profesor asociado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (Consignado por EX ANTE)
